El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que el bloqueo que personas identificadas como maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen sobre las vías del tren es un sinsentido, pues sus demandas ya fueron escuchadas y están en curso de solución.

“Hago un llamado respetuoso a grupos inconformes que han estado abanderando estas demandas y que mantienen bloqueadas vías del tren, para que las liberen de inmediato”, instó el mandatario estatal a través de un mensaje en redes sociales.

Aureoles resaltó que este exhorto lo hace como mesa tripartita, donde están el Gobierno federal, el gobierno del estado y la representación del magisterio, “en virtud de que las demandas han sido atendidas y están en curso de resolverse.

“Por tanto, no hay razón ni justificación para mantener estas medidas de presión y de chantaje aprovechando una demanda legítima de las maestras y maestros que, en los hechos, más bien refleja que la motivación de fondo es un interés personal, mezquino, mezclado con intereses político-electorales”, resaltó.

El gobernador perredista advirtió que “la sociedad está cansada de estos métodos de presión y de chantaje por todo el daño que le generan a México y a Michoacán; peor aún, en tiempos tan difíciles y complicados, en medio de esta crisis de salud y de una crisis económica, no tiene cabida”.

Un mal acuerdo, origen del problema

El problema educativo para Michoacán inició en 1992, cuando el Gobierno federal firmó un convenio con todos los estados del país, denominado Programa de Modernización Educativa, que en los hechos se convirtió en una acuerdo para descentralizar la educación básica hacia los estados; es decir, a partir de ese momento, se les delegó toda la responsabilidad.

En el caso específico de Michoacán, la Federación acordó que ésta se haría cargo y así quedó establecido en el convenio: el Gobierno federal pondría 91 por ciento del presupuesto que se requería y Michoacán, nueve por ciento.

A partir de esa fecha, se agudizaron los conflictos porque, para el gobierno estatal, la Federación no cumplió con el porcentaje que le correspondía y que se había establecido en este convenio.

Al mismo tiempo, se agudizaron los conflictos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Ante esta circunstancia, los gobiernos en turno empezaron a ceder ante la presión y crearon plazas estatales y minutas con fuertes compromisos de gasto, peticiones y gestiones, sin que el gobierno del estado tuviera la fuente de financiamiento; es decir, dinero para cumplir esos compromisos.

Hasta antes de 1992, todos los maestros y maestras tenían plaza federal, misma que cubría el Gobierno federal, y no había una sola plaza estatal. A partir de este año inicia el desorden y a crecer exponencial el número de plazas sin el soporte financiero para crearlas.

Para el año 2000, el porcentaje acordado inicialmente se había modificado y el Gobierno federal sólo aportaba 82 por ciento; mientras que la entidad ponía el 18 por ciento restante.

En 2003, el gobierno de Vicente Fox y la líder sindical Elba Esther Gordillo lanzaron un nuevo acuerdo social para la calidad educativa, que contemplaba muchos beneficios para la educación, incluyendo la participación de la iniciativa privada para el mejoramiento de escuelas. Sin embargo, por diferencias entre el entonces presidente y la lideresa sindical, este acuerdo nunca se realizó.

En 2007, el gobierno de Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo lanzaron un nuevo acuerdo, conocido como Acuerdo por la Calidad Educativa.

En este momento, Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, se solidarizó con la CNTE y no firmó el acuerdo. En consecuencia, todo el peso lo asumió el gobierno de Michoacán porque la Federación no reconoció más plazas estatales.

A partir de entonces, Michoacán no recibió recursos para pagar plazas o fortalecer la educación básica en general, y aunado a ello, se acordó que las plazas de las normales se entregarían por ingreso automático.

Como resultado, a partir de este momento, el cargo al gobierno del estado se disparó en gastos, en concesiones al magisterio, al margen de la propia ley y el número de plazas se desbordó.

Como consecuencia, a partir de 2009 y hasta 2015, el gobierno del estado por problemas financieros dejó de pagar todos los terceros institucionales y no institucionales, es decir, no pagaron al ISSSTE, no pagaron al IMSS, no pagaron el impuesto sobre la renta, no pagaron a las aseguradoras, entre otros.

Por eso, desde el 2009 la entidad viene arrastrando deudas patronales y de todo tipo.

En 2014 se implementaron reformas que pretendían reordenar el sistema educativo nacional. Para ello, se les pidió a los estados una revisión y un cruce entre los maestros y maestras que cobraban y que estaban frente a grupo.

En ese momento, el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero firmó el nuevo acuerdo sin hacer esta revisión, empate y regularización de la información. Con esto, se dejó fuera a más de 16 mil maestras y maestros.

“En ese momento el gobierno de Jara tenía las condiciones para haber regularizado todo, poner en orden todo, incluyendo dejar con certidumbre el pago a los maestros y maestras, pero por omisión o descuido no lo hicieron”, planteó Aureoles.

Afirmó que fue hasta el inicio de su gobierno en que se hizo este ejercicio de revisión, se ordenaron y regularizó a más de 16 mil maestros, quienes fueron reconocidos en el sistema educativo.

Nuevo acuerdo, inacabado

Al inicio de la nueva administración federal en turno, el gobierno estatal expuso el problema y, en respuesta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en una gira por Michoacán, dijo que se resolvería, tomando como ejemplo la Ciudad de México, en donde el Gobierno federal se hace cargo de 100 por ciento del gasto total educación básica.

“A partir de este anuncio del Presidente, iniciamos los trabajos con Educación y Hacienda federal para diseñar solución final al conflicto añejo. Así, después de muchas semanas y meses de negociaciones, llegamos al acuerdo con la SEP y con la Secretaría de Hacienda, de que el Gobierno federal aportara tres mil 500 millones de pesos anuales, y el gobierno del estado la diferencia, para cumplir con el pago puntual de los compromisos con el magisterio”, destacó Aureoles.

Dijo que hasta hasta el día de hoy sólo se ha firmado el convenio marco, pero faltan los lineamientos, los anexos y la construcción del vehículo de pago y sus reglas de operación correspondientes.

“Informo también que cada quincena firmamos un convenio para que no falte el pago correspondiente del sector, mismos que se quedan en calidad de recursos extraordinarios, no regularizables, situación que debe de resolverse de inmediato”, exhibió.

Con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el gobierno de Michoacán acordó reinstalar una mesa tripartita, para conciliar y buscar la manera de resolver lo pendiente.

Como resultado del trabajo de la mesa tripartita y luego de la reunión con el Presidente de la República se acuerda que en el mes de octubre se liquidarán todos los pendientes relacionados con bonos.

“Debo de precisar que, de acuerdo con los análisis ya realizados, serían alrededor de 10 mil trabajadores  que pueden ser beneficiaros de este estímulo, porque ya cumplieron con el tiempo de servicio o porque tienen algún padecimiento o por riesgo de trabajo en el periodo de epidemia”, resaltó Aureoles.