Nayarit y Coahuila, con las cuentas más opacas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de la Cuenta Pública 2019, señaló que 14 estados de la República incumplieron la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), al no aclarar, en suma, el destino de 3 mil 392.7 millones de pesos.

Sin embargo, lo más destacable en el reporte es que 64.60 por ciento de este monto opaco, es decir, unos 2 mil 192 millones de pesos, se concentra en Nayarit y Coahuila, las entidades que más inclumplieron con la LDFEFM.

En 2019, Nayarit fue el que más dinero dejó sin aclarar, mil 238.5 millones de pesos; luego Coahuila, con 953.5 millones. En los informes individuales emitidos para esas entidades, la ASF determinó se careció de “un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

Los estados referidos también se ubicaron debajo de la media nacional en el índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado Programable (que es de 92.1), con 89.5 y 86.7 puntos, respectivamente, según la ASF.

Nayarit y Coahuila también se colocaron en el ranking de los 10 Congresos locales que más incumplieron en aclarar el destino de sus recursos. A la Legislatura de Coahuila le faltó informar sobre 24.2 millones de pesos (el segundo lugar con el mayor monto no aclarado).

En ese Congreso, mientras había un presupuestado de 100.1 millones de pesos para el gasto de nómina de ese año, sólo se gastaron 16.8 millones; y en la Legislatura nayarita, rankeada como la octavo peor, fueron 13.4 millones de pesos los que no se aclararon.

Se apilan deudas

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas de la Cámara de Diputados, para el cuarto trimestre de 2019, la deuda subanacional de Coahuila ascendía a 37.9 miles de millones de pesos, la sexta más alta del país. Mientras que Nayarit tenía requerimientos por 6.4 miles de millones.

José Luis de la Cruz Gallegos, especialista en temas económicos, explicó a La Razón que los indicadores mostrados por la ASF reflejan la necesidad de que se apliquen las regulaciones y normativas que ya existen en materia del ejercicio del gasto público, de manera “sistemática y preventiva” en las entidades.

“Que se cumpla con los mecanismos de vigilancia en el ejercicio de los recursos, para prevenir esto, pues ya sea por desconocimiento, discrepancia en la percepción de la normativdad o, en un momento dado, por alguna conducta que no esté apegada al funcionamiento correcto de la administración pública, se suscite que dos entidades sean las que acaben acumulando el mayor número de observaciones”, dijo.

En entrevista, el también presidente de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) acotó que, esta situación crítica implica que se aplique la normatividad y vigilancia “en tiempo real”, de manera más precisa, “para evitar que se acumulen estas discrepancias”.