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John Bolton, ayer, en un foro de la Sociedad Federalista. Foto: AP
John Bolton, ayer, en un foro de la Sociedad Federalista. Foto: AP

El gobierno del presidente Donald Trump arremetió contra la Corte Penal Internacional (CPI) y amenazó con poner sanciones a ese “tribunal ilegítimo”, situado en La Haya, si sigue adelante en la investigación sobre crímenes de guerra supuestamente cometidos por estadounidenses en Afganistán.

“Estados Unidos utilizará cualquier medio que sea necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados contra las acusaciones injustas de este tribunal ilegítimo”, advirtió el asesor de seguridad de Trump, John Bolton, frente a la Sociedad Federalista, un foro conservador de Estados Unidos.

“No cooperamos con la CPI. No le prestaremos asistencia. No nos uniremos a ella. Dejaremos que muera ella sola. Después de todo, la CPI ya está muerta para nosotros”, añadió el funcionario en su primer discurso importante desde que se incorporó a la Casa Blanca en abril.

Si La Haya mantiene las investigaciones contra soldados y personal de inteligencia estadounidenses durante la guerra de Afganistán, la administración de Trump estudiará prohibir a los jueces y fiscales del tribunal la entrada a Estados Unidos, agregó Bolton a la amenaza.

“¿Entregarían el destino de ciudadanos estadounidenses a un comité de otras naciones, incluidas Venezuela y la República del Congo, o a entidades que ni siquiera son Estados, como la Autoridad Palestina? No lo harían. Yo no lo haría. Y esta administración no lo hará”

John Bolton

Asesor de Seguridad de la Casa Blanca

Procesarlos en la justicia estadounidense o imponer sanciones a fondos que pudieran tener en su sistema financiero son otros de los posibles castigos que mencionó el consejero.

Las sanciones se harían efectivas a cualquier empresa o Estado que colabore con una investigación de la CPI contra ciudadanos estadounidenses. Washington contemplará también negociar más acuerdos bilaterales que prohíban a terceros países entregar a ciudadanos estadounidenses al tribunal internacional.

“En noviembre de 2017, la CPI pidió autorización para investigar crímenes de guerra cometidos por oficiales de inteligencia estadounidenses durante la guerra de Afganistán, una investigación que ni Afganistán ha solicitado. Ahora, cualquier día la CPI anunciará una investigación formal contra estos patriotas”, dijo Bolton, en la víspera del 17 aniversario de los ataques del 11 de septiembre, origen de la guerra.

APRIETA A LOS PALESTINOS. Bolton aprovechó su discurso contra la CPI para anunciar que Estados Unidos cerrará la Oficina de representación de la Organización para la LIberación de Palestina (OLP) en Washington, bajo el argumento de castigar la intención de los palestinos para que la CPI investigue a Israel por crímenes de guerra.

“Estados Unidos siempre estará junto a nuestro amigo y aliado Israel. Estados Unidos apoya un proceso de paz robusto y directo y no permitirá que la CPI, ni ninguna otra organización, restrinja el derecho de Israel a la autodefensa”.

Claves del conflicto

Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma que creó al tribunal en 2002.

  • La misión del tribunal es juzgar a los autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
  • Israel, aliado de EU tampoco firmó la ratificación.
  • Con Barack Obama en la Casa Blanca, Washington se mostró menos beligerante con la CPI; incluso colaboró con investigaciones del tribunal como la de los crímenes en Darfur, un conflcito racial en Sudán.
  • La victoria de Donald Trump resucitó argumentos de 2002 de que el tribunal es “superfluo” y “viola la soberanía nacional” de EU.

No respondemos a reacciones políticas”

Fadi el Abdallah, portavoz de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo que La Haya “no responde a declaraciones políticas cualquiera que sea su procedencia”.

“La Corte Penal es una instancia imparcial que se rige por su estatuto, y no toma partido en ninguno de sus casos”, aseguró tras los dichos del consejero de seguridad, John Bolton.

Estados Unidos no es miembro de la CPI, por tanto escapa a su jurisdicción; sin embargo, Afganistán sí lo es, y por eso La Haya pidió permiso en 2017 a los jueces para abrir una investigación sobre crímenes de guerra, cometidos allí entre 2002 y 2003.

Los presuntos autores son soldados estadounidenses y, llegado el caso, podrían ser perseguidos por la justicia internacional al haber actuado en un Estado que es parte del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte.

En el informe remitido en 2017, se señala a su vez “a los talibanes, grupos armados afiliados, y a las autoridades, como presuntos autores de iguales delitos, se trata de torturas supuestamente aplicadas “por el gobierno afgano y sus servicios secretos y policiales”.

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