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Jóvenes protestan en Buenos Aires para exigir recursos a la educación, ayer. Foto: Reuters
Jóvenes protestan en Buenos Aires para exigir recursos a la educación, ayer. Foto: Reuters

El fiscal federal Jorge Felipe Di Lello imputó ayer al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y a tres de sus ministros, por el acuerdo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario internacional (FMI) para inyectar unos 50 mil millones de dólares al financiamiento del país por la crisis cambiaria que lo azota desde junio pasado.

La investigación al mandatario iniciará en virtud de la denuncia formulada por Claudio Lozano, dirigente del Movimiento Popular la Dignidad, y Jonatan Baldivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público.

Estas acusaciones se dan bajo el planteamiento de que el presidente Macri no contó con las autorización del Congreso argentino para firmar con el FMI.

Con estas casusas, el fiscal Di Lello decidió iniciar la investigación contra el presidente, su jefe de Gabinete, Marcos Peña; contra el titular del Banco Central, Luis Caputo, y contra el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, una de las figuras de la misión argentina que se reunió el martes con funcionarios del Tesoro estadounidense y con la presidenta gerente del FMI, Christine Lagarde, en Washigton.

“Las ilegalidades e inconstitucionalidades alegadas en la denuncia resultan verosímiles y lógicas”, se lee en la denuncia penal presentada en unidad por los representantes de Movimiento Popular Dignidad y del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

El acuerdo por el que se imputa a Mauricio Macri, señaló el fiscal federal, involucra una línea de crédito equivalente a cerca de 35 mil 379 millones de pesos argentinos o alrededor de 1.110 por ciento de la cuota de Argentina en el FMI.

El pasado 20 de Junio, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el acuerdo stand by de 50 mil millones de dólares y en consecuencia el Ejecutivo dispuso que este acuerdo de toma de deuda pública “no sea tratado en el Honorable Congreso de la Nación, pese a tratarse de empréstitos que traen consigo determinadas condicionalidades que exceden el mero esquema de devolución del dinero prestado, ya que la modalidad a la que Argentina accedió nuevamente tiene un espíritu altamente intervencionista de la política económica en detrimento del deudor”, sostiene la denuncia original.

En el contexto de la investigación en curso, el juez federal Julián Ercolini decidirá si hace lugar a una medida cautelar para suspender el acuerdo firmado con el FMI.

Gráfico: La Razón de México

Además, pidió la declaración testimonial de Marcos Peña y Nicolás Dujovne, para “informar el grado actual del acuerdo cuestionado y del cumplimiento de los compromisos en él asumidos”..

Claudio Lozano planteó que se trata de un “endeudamiento unilateral firmado por el gobierno sin el acompañamiento de los representantes de la ciudadanía Argentina” y criticó a Macri, quien “desde diciembre de 2015 hasta la actualidad tomó más de 110 mil millones de deuda y, si bien lo hizo a tasas más bajas que la gestión anterior, no son las más bajas del mercado para los países de características similares al nuestro”.

A su vez, la denuncia remarcó que si se observa la fuga de capitales sufrida en estos últimos 30 meses, “llegamos a la conclusión que la mayor parte de la deuda externa no tuvo el destino final deseado, es decir, que su uso se materialice en obras de infraestructura necesarias para el desarrollo económico y social de la nación”.

  • El Dato: Al mantener su política de subasta de dólares, el Banco Central logró mantener el peso por debajo de las 40 unidades por moneda estadounidense, al cierre de ayer.
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