Justicia tardía

STRICTO SENSU

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Tres estampas:

Primera. Para generar energía eléctrica en el centro del país, la CFE procedió en 2010  a construir dos centrales termoeléctricas, un gaseoducto y un acueducto. La ejecución del llamado Proyecto Integral Morelos provocó inconformidad entre algunas comunidades indígenas en Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Segunda. A principios de noviembre de 2012, un padre de familia de la Ciudad de México recibió una llamada de la escuela secundaria en la que estaba inscrito su hijo. Se le comunicó que debía presentarse en la enfermería del plantel, pues el menor de edad había sufrido un accidente. Cuando llegó a la escuela, su hijo le comentó que no veía del ojo izquierdo como consecuencia de la agresión de un compañero. Como la escuela no tenía médico, fue atendido por un paramédico. Posteriormente, personal de la secundaria limitó el otorgamiento del seguro médico a que aceptara que la caída era resultado de una riña entre alumnos, no de una agresión. Más aún, condicionaron la salida del menor a la firma de un documento de renuncia al seguro institucional.

Tercera. Antes del mediodía del 6 de mayo de 2013, elementos de la Policía Federal ingresaron a un domicilio en Ciudad Victoria. Los policías golpearon a dos mujeres, en presencia de los hijos de ambas. A continuación, detuvieron al dueño de la casa, a las madres de familia y a cinco menores (cuyo rango de edad fluctuaba entre seis meses y 13 años), trasladándolos a las oficinas policiales. Ahí, el jefe de familia fue torturado y presentado horas después ante la PGR, quien lo consignó por delitos contra la salud.

Aunque disímbolas, las situaciones recién descritas tienen un denominador común. En todos los casos, ante la presunta falla de la autoridad federal, los afectados interpusieron su inconformidad ante la CNDH. La primera queja de las comunidades indígenas, agraviadas por el Proyecto Integral Morelos, se presentó el 24 de octubre de 2012. Por su parte, el padre del alumno agredido hizo lo propio el 26 de febrero de 2013. Finalmente, la madre de una de las mujeres golpeadas se quejó el 20 de mayo de 2013.

Las similitudes no terminan aquí, ya que, en los tres casos, la CNDH determinó la existencia de violaciones a los derechos humanos, emitiendo sendas Recomendaciones. Esto sería muy encomiable si hiciéramos a un lado que, para emitirlas, el Ombudsman se tomó más de un lustro. Efectivamente, la Recomendación 3, relativa al Proyecto Integral Morelos, fue publicada el 27 de febrero de este año, cinco años y cuatro meses después de recibida la queja. En el caso del padre de familia, la Recomendación 24 está fechada el 16 de julio pasado, 64 meses posteriores a la queja. La Recomendación 27, emitida el 26 de julio, se publicó cinco años y dos meses después de conocer los agravios de los detenidos. El modus operandi del Ombudsman federal obliga a recordar la máxima atribuida a Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. 

Mauricio Ibarra

Mauricio Ibarra

Abogado (UAM) y maestro en Economía y Política Internacional (CIDE).
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