Juzgadores y salarios

STRICTO SENSU

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Durante la campaña electoral, el ahora Presidente electo ofreció no sólo reducir la remuneración del Presidente de la República (fijándola en poco más de 100 mil pesos), sino también que dicha cantidad sería el monto máximo que ganarían los servidores públicos federales.

La holgada mayoría que obtuvo su partido en ambas cámaras del Congreso de la Unión posibilita que las reducciones salariales se concreten a partir del próximo año. Tanto diputados como senadores electos del partido mayoritario han anunciado recortes considerables en los recursos asignados al Poder Legislativo Federal. Parte de estos recortes provendrá de reducciones en las dietas de los 628 legisladores federales. Tenemos, pues, que, a partir del 1 de septiembre los diputados de la LXIV Legislatura establecerán en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, los montos reducidos de las remuneraciones de los servidores públicos federales.

La reducción de las percepciones salariales de la alta burocracia presentará, sin embargo, una excepción en el Poder Judicial Federal. Esto en razón de que el párrafo onceavo del artículo 94 Constitucional establece que, durante su encargo, no podrá reducirse la remuneración de los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito y jueces de distrito, así como de consejeros de la judicatura y magistrados del tribunal electoral.

Una interpretación literal del artículo 94 de la Constitución indicaría que, aun cuando los diputados, en ejercicio de sus atribuciones en materia presupuestaria, decidieran hacer una reducción en las percepciones de los servidores públicos federales, dicha reducción no podría hacerse extensiva a los altos mandos judiciales. El asunto es más problemático de lo que parece, puesto que el artículo 127 constitucional señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Así, pues, en lo que refiere a los altos mandos judiciales, la propuesta de rebajar los salarios de los servidores públicos federales implica un conflicto entre dos disposiciones constitucionales. El criterio que escojan los diputados de la mayoría en la elaboración del PEF 2019 traerá como consecuencia una situación inédita.

Si privilegian al artículo 94, el recorte salarial no se aplicaría a los 11 ministros de la Suprema Corte, seis consejeros de la judicatura, siete magistrados electorales, ni a los cientos de titulares de juzgados de distrito y tribunales de circuito. No omito señalar que dichos servidores públicos son una aristocracia presupuestal. El sueldo anual integral del presidente de la Corte y de los consejeros de la judicatura, por citar un ejemplo, superará los 4 millones de pesos en este 2018. En caso contrario, si los diputados deciden aplicar a rajatabla al artículo 127, es previsible que los titulares de los órganos jurisdiccionales interpongan recursos legales de manera personal o en conjunto, para impedir la reducción de sus percepciones. En este caso, los juicios tendrán que resolverse en órganos jurisdiccionales federales, cuya imparcialidad estaría cuestionada de antemano. Mantengámonos pendientes de la evolución de este conflicto entre poderes federales.

Mauricio Ibarra

Mauricio Ibarra

Abogado (UAM) y maestro en Economía y Política Internacional (CIDE).
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