La Rana y la hoguera de Ayotzinapa

MARCAJE PERSONAL

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Erick Uriel Sandoval La Rana estuvo en el basurero de Cocula, en Guerrero, aquella jornada sangrienta entre la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.

Desde hace años lo buscaban las autoridades federales por ser un objetivo prioritario. Sus cómplices lo implicaron en el asesinato y la quema de los 43 cadáveres de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Esto es, estuvo en la escena final del crimen.

La Rana es integrante de Los Guerreros Unidos. Era maestro de educación física antes de convertirse en sicario. Se forjó en un territorio duro y de alta violencia, escudado en las armas.

Su detención es importante porque puede aportar elementos para entender qué fue lo que ocurrió en Iguala y el porqué de la saña con que actuaron en contra de los normalistas; aunque ya se tengan datos que apuntan a la rivalidad con Los Rojos, el otro grupo de maleantes que diputa el control de la región y sus mercados ilegales.

La Rana es participante de uno de los episodios más siniestros de la historia del país y donde se cuenta con elementos para establecer la desaparición forzada de los 43 estudiantes y la colusión de las autoridades municipales y sus policías con el crimen organizado.

Para los familiares de los desaparecidos, la vida se convierte en un infierno sin retorno. Se entiende su enojo y frustración y la incredulidad ante la acción del Ministerio Público y de sus policías.

Lo que ya no es claro es la actitud de algunas organizaciones sociales, que elevan los reclamos contra el gobierno y guardan silencio sobre los narcotraficantes involucrados en el crimen, más allá de la discusión que se pueda tener acerca de los móviles o su mecánica.

Ante la noticia de la detención de La Rana, ya están armando una narrativa acerca de un supuesto efecto “distractor”, que en teoría serviría para no analizar hipótesis distintas a la establecida por el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, y que es la única que cuenta con pruebas.

Tanta es la urgencia por culpar a la administración de Enrique Peña Nieto, que olvidan que hay maleantes tras las rejas, entre ellos quien fungió como alcalde, José Luis Abarca.
En efecto, lo que ocurrió en Iguala sí es un crimen de Estado, pero por la participación de los policías municipales y las órdenes que recibieron de sus jefes.

Aceptar esto es necesario para evitar la impunidad y, sobre todo, para dejar claro que algo así no puede ocurrir nunca más.

Insistir en colocar una agenda política sólo funciona para proporcionar coartadas a criminales que no tuvieron empacho en sacrificar a estudiantes porque creyeron que afectaban sus negocios y lo hicieron gracias a que contaban con protectores tan culpables como ellos mismos.