Ley fiscal, insuficiente para vigilar recursos públicos: IP

Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), las leyes federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Coordinación Fiscal son insuficientes para la eficiente asignación de recursos públicos, por ello insistió en crear el Consejo Fiscal y hacer una reforma tributaria de fondo.

El organismo recordó que existen diversas instancias internas y externas que dan seguimiento al gasto del sector público, pero ninguna con la suficiente fuerza para incidir en cambios reales.

“La existencia de un organismo con independencia total, que tenga la libertad de hacer recomendaciones y que éstas sean tomadas en cuenta, sin duda contribuiría a reducir el sesgo hacia mayores déficits y hacer más transparente la operación gubernamental, generando mayor confianza para los inversionistas”, señaló.

La víspera, el director general del CEESP, Luis Foncerrada, informó que arrancó las consultas con la academia, organizaciones y autoridades para crear un Consejo Fiscal, que se desempeñe como un ente de consulta y seguimiento de las políticas públicas, siguiendo la recomendación del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Lo anterior, ante la negativa del Gobierno federal por crear un consejo fiscal, que apoye las leyes hacendarias.

En materia presupuestaria, la iniciativa privada advirtió que aún cuando se logren los objetivos planteados en el Presupuesto de Egresos para el 2017, las presiones seguirán por algún tiempo, toda vez que además de una necesidad constante de mayores ingresos, las obligaciones sobre el gasto seguirán latentes.

Por ello insistió en consolidar fuentes de ingresos permanentes y dejar de depender de los no recurrentes. Y recomendó una política tributaria, que vaya de la mano con el objetivo de crecimiento y bienestar del país, “lo que significa que en este caso debe predominar una carga impositiva equitativa, que se convierta en un estímulo para la inversión y el empleo”.

Sostuvo que mayores ajustes al gasto es una opción limitada, pues se afectan otros aspectos, como la calidad del capital humano del sector público y recortes a la inversión física.

Dijo que la prioridad debe ser la mejor asignación y eficiencia del gasto, y que realmente se destine a cumplir sus objetivos en materia de bienestar de los hogares, y de proveedor de la infraestructura necesaria para potenciar el sector productivo.

También consideró que las entidades deben contribuir con la recaudación, sin que atente contra la actividad productiva.