Locos, armados y sueltos…

En el caso de la CDMX, el programa de desarme voluntario este año tiene el objetivo de llegar a dos mil 500 personas. Se han destinado 20 millones de pesos para la implementación de este proyecto, que en los últimos cinco años ha “retirado” 33 mil armas.

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De un tiempo a la fecha, por lo menos una vez a la semana, los ojos del mundo voltean la mirada a algún punto del territorio de la Unión Americana, donde civiles resultan víctimas de otros civiles que, psicológicamente desequilibrados y fácilmente armados, provocan una nueva tragedia.

Los baños de sangre en Estados Unidos, lo mismo en la calle que en un estadio, en un centro comercial, en una escuela secundaria o en una universidad, son el centro del debate por el control de armas —en el país más armado del mundo— que se desarrolla en un terreno infértil.

En México lo observamos como si estuviéramos muy lejos; lo consignamos horrorizados y lo señalamos como una amenaza, cuando estamos más cerca de esa realidad de lo que queremos ver con una ley laxa que aquí también permite a casi cualquier persona tener acceso a un arma de fuego.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó, en 2017, que la tasa de homicidios en nuestro país fue de 20.5 por cada 100 mil habitantes. El nivel más alto de los últimos 20 años; hasta 66% de estas muertes fueron ocasionadas por arma de fuego.

La Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos reveló que, entre 2011 y 2016, al menos 106 mil armas fabricadas allá, estuvieron vinculadas con actividades delictivas aquí, en México.

El artículo 10 de nuestra Constitución, que habla del derecho a la legítima defensa, señala que “los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”.

Pero la realidad es que los requisitos para obtener un arma de fuego en nuestro país tampoco son tan complicados. De acuerdo con la Sedena únicamente se requiere: presentar solicitud, tener un modo honesto de vivir, haber cumplido con el servicio militar nacional, en el caso de los hombres, no tener impedimento físico y mental para el manejo de armas, no tener antecedentes penales, no consumir drogas, tener un domicilio fijo y acreditar el criterio marcado por la institución.

No se necesita ningún curso de entrenamiento en el manejo de armas, ya que ni siquiera es solicitado, como tampoco un examen psicométrico o psicológico.

Además nuestra ley resulta blanda cuando se trata de detenciones por portación de arma de fuego sin permiso, y una fianza de entre 2 mil y 10 mil pesos basta para salir en libertad.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados calculó que hasta 2014 en México circulaba una cantidad de armas ilegales suficiente como para armar a uno de cada tres hombres adultos en el país. Y las consecuencias están ahí.

El ejemplo más claro lo vivimos la semana pasada, en el popular centro comercial Reforma 222 de la Ciudad de México, donde se cometió un feminicidio a plena luz del día. Decenas de personas fueron testigos de cómo un hombre mató a balazos a su expareja.

El pasado 19 de marzo un hombre asesinó a una mujer en el centro comercial Reforma 222.

En el caso de la CDMX, el programa de desarme voluntario este año tiene el objetivo de llegar a dos mil 500 personas. Se han destinado 20 millones de pesos para la implementación de este proyecto que en los últimos cinco años ha “retirado” 33 mil armas.

El Senado mexicano ya aprobó reformas a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para restringir la portación, posesión y acopio de armas ilegales; pero en la Cámara Baja, el tema no se ha cristalizado, y en medio de la efervescencia electoral y los brincos de muchos legisladores que buscan su lugar en la boleta, esto podría quedarse en el tintero de la actual legislatura.

Actualmente la ley no contempla el delito de portación de armas de fuego como meritorio de prisión preventiva de oficio o de forma automática; únicamente en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas o delitos que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Así que la correcta aplicación de la ley para muchos de aquellos locos que andan armados y sueltos también continuará en “veremos”…

Mónica Garza
Mónica Garza

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