Maduro suma condena: Europa aplica castigo a violadores de DH

Las medidas pueden ser “extendidas” a quienes “no respeten los principios democráticos”, explica la UE; sanciones no buscan amonestar a ciudadanos venezolanos

Luis almagro (izq.) y Nikki Haley, ayer, durante la reunión informal de la ONU, en Nueva York. Foto: AP

El gobierno de Nicolás Maduro logró apagar las protestas antigubernamentales, pero quedó viva su consecuencia inmediata: el respaldo de la comunidad internacional que busca restituir la democracia en Venezuela. Ayer, la Unión Europea se sumó al grupo de países que sanciona al régimen por reprimir a los venezolanos.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) respaldaron las sanciones a Venezuela, como un embargo de armas y de material que pueda utilizarse para la “represión interna”, así como un marco legal para imponer medidas selectivas contra los responsables.

“Además de los esfuerzos políticos y diplomáticos para apoyar una salida pacífica negociada a la crisis política, el Consejo decidió hoy por unanimidad adoptar medidas restrictivas, subrayando su preocupación por la situación en el país”, anunciaron los ministros de los Veintiocho en un comunicado.

  • El Dato: Gérard Araud, embajador de Francia, afirmó ante la ONU que en Venezuela existen irregularidades para ejercer la libertad de prensa y el derecho a las manifestaciones.

Los ministros explicaron que las medidas adoptadas ayer se utilizarán de forma “gradual y flexible” y que podrán ser “extendidas” a quienes “no respeten los principios democráticos o del Estado de derecho” o estén implicados en “la violación de los derechos humanos”.

Para ello, el Consejo dio ayer luz verde a la base legal para crear una lista de personas sancionadas, a las que congelaría sus bienes o prohibiría entrar en territorio comunitario, pero que por el momento no cuenta con ningún integrante.

Fuentes europeas reconocieron que se baraja el nombre para esa lista, sin dar más precisiones, aunque por el momento se trata de esperar a ver si el embargo de armas y de material que pueda utilizarse en la represión, surten efecto y fomentan la vuelta al diálogo entre el Gobierno y la oposición.

Los ministros puntualizaron, asimismo, que podrán dar marcha atrás a las sanciones “en función de la evolución de la situación en el país”. Se refirieron, en particular, a la celebración de negociaciones “creíbles y significativas”, al respeto a las instituciones democráticas, a la adopción de un calendario electoral completo y a la liberación de todos los prisioneros políticos.

En el mismo contexto, hicieron hincapié en que estas medidas restrictivas “no han sido diseñadas para perjudicar a la población venezolana”, cuya apurada situación “la UE quiere aliviar”. “Como siempre, todo lo que hacemos nosotros está orientado a incentivar la celebración del diálogo entre el Gobierno y la oposición, con el objeto de alcanzar una solución pacífica, democrática y dialogada a la situación que vive Venezuela”, indicó el ministro español, Alfonso Dastis, a su llegada a la reunión.

La UE no fue el único organismo que discutió ayer la situación de Venezuela. El Consejo de Seguridad de la ONU también abordó la crisis de la nación sudamericana. En la reunión informal, la embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, aseguró que “el régimen de Maduro está intentando recuperar la legitimidad internacional, pero no le podemos conceder la legitimidad hasta que las acciones lo merezcan”.

“Queremos mandar un mensaje firme al régimen de Maduro, estamos pendientes, no nos dejamos engañar, hoy nos reunimos para hablar de paz y seguridad, pero en el centro están las personas, vamos a seguir haciendo sonar las alarmas, nuestro mensaje al pueblo de Venezuela es que no se rindan y seguiremos luchando, hay luz al final del túnel”, expresó Haley.

La postura de EU fue apoyada por la mayoría de naciones que componen el Consejo de Seguridad, excepto por China y Rusia –financistas de la dictadura de Maduro– Bolivia y Egipto, cuyos representantes se ausentaron de la junta.

“No creemos que el Consejo de Seguridad deba involucrarse en este tema en este momento, de ninguna manera”, dijo a periodistas el embajador ruso Vassily Nebenzia. Esto es “inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela”, estimó.

Venezuela denunció por su lado un acto hostil de EU. “Venezuela no forma parte de la agenda del Consejo, ya que no representa una amenaza a la paz ni a la seguridad”,  declaró el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez.

Venezuela, al borde de la quiebra

La nación sudamericana está a las puertas de un default (cese de pagos), afirma Orlando Ochoa, doctor en economía de la Universidad de Oxford.

“Como todos sabíamos, las cuentas no dan para pagar en 2018”, y si esto ocurre los tenedores podrían tomar acciones legales, porque si uno no acepta negociar y el Gobierno le paga, el resto tendría el derecho de exigir su pago. Con unas reservas de 10 mil millones de dólares y sin capacidad de financiamiento, Venezuela tiene que pagar unos ocho mil millones en 2018.

“Si se cae en default, entonces los tenedores de bonos van a pasar a tomar acciones legales, para incautar los ingresos petroleros, buques, como pasó con Argentina en 2014; es un asunto muy complejo”, expuso.

Además, la reestructuración de la deuda venezolana, de acuerdo a la Constitución vigente en Venezuela, requiere aprobación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, para que tenga validez.

Desde mediados de 2016 la Asamblea está inhabilitada, debido a una sentencia de desacato emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por desconocimiento de sus decisiones.

No obstante, desde que se creó el pasado 30 de julio la Asamblea Nacional Constituyente, conformada sólo por el sector oficialista, ante la negativa de la oposición a participar en el proceso electoral, ha sido ésta la encargada de tomar las decisiones del parlamento.