Mal arranque de alternancia en 6 estados: suben plagios, robos…

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La cifra de homicidios dolosos subió; la de víctimas de secuestro, también; lo mismo con las extorsiones y robo con violencia. En los seis estados de la República donde triunfó la alianza PAN-PRD, o donde ganó Acción Nacional solo en las pasadas elecciones y prometieron un cambio, los delitos que corresponde combatir a la autoridad local van al alza.

Así lo revelan las estadísticas delictivas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz han registrado cada mes un aumento, en ocasiones, hasta en 200 por ciento en algunos de los delitos catalogados como de alto impacto.

El caso más grave está en Veracruz, donde las extorsiones se triplicaron desde la llegada de Miguel Ángel Yunes. De acuerdo con cifras oficiales, en los dos primeros meses de 2016 se registraron 25 denuncias por ese delito y en ese mismo período de este año llegó a 88.

Lo mismo sucede con los homicidios dolosos. En enero-febrero del año anterior se registraron 132 casos y ya en el gobierno de Yunes, en el mismo lapso, hubo 211. El panista, quien compitió por la alianza Unidos para rescatar Veracruz y que prometió bajar la inseguridad en los primeros meses de su mandato, también ha tenido un aumento en los secuestros de más de 50 por ciento.

Sin embargo, en los primeros meses de su gestión, Yunes se ha destacado por arremeter contra el morenista Andrés Manuel López Obrador y acusar anomalías de su antecesor.

Otro caso significativo es Aguascalientes, gobernado desde diciembre por el panista Martín Orozco, donde los homicidios dolosos presentan un alza de 133 por ciento; la extorsión de 283 por ciento.

En opinión del experto en seguridad y presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí, los gobernadores sólo buscan llegar al poder para beneficiarse del mismo.

“No es verdad que busquen un cambio. Si así fuera colaborarían con las instancias federales, dejarían la misma estrategia en seguridad de sus antecesores, pero nada de eso ocurre. Y peor aún: sólo se dedican a echarle la culpa a los gobiernos anteriores”, indicó.

Martí pone como ejemplo a Chihuahua, donde costó casi un lustro sacar adelante en materia de seguridad y “ahora con la inexperiencia del gobernador (Javier) Corral, todo se empieza a caer a pedazos”.

En esa entidad fronteriza, los homicidios dolosos han incrementado en 92 por ciento en los primeros dos meses de este año y desde que asumió en el gobierno Corral, se han registrado 639 casos. El secuestro creció 500 por ciento en el mismo periodo, llegando a seis incidentes en cuatro meses.

Quintana Roo, gobernado por el aliancista Carlos Joaquín González, también registra aumentos en los primeros dos meses del año de hasta 100 por ciento en delitos como el secuestro y la extorsión.

Desde septiembre hasta febrero, se han denunciado 37 extorsiones, mientras que en los nueve meses anteriores hubo 10.

Incluso, en Cancún, el principal destino turístico del país, ha habido balaceras, narcomantas y amenazas en los negocios.

Sin embargo, el mandatario de esa entidad, ha buscado desviar la atención de esos hechos culpando a la administración anterior que salió desde septiembre pasado.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Ernesto Gándara, dijo que el tema debe ser de instituciones, de coordinación y de fortalecimiento legal y no de promesas vacías.

Aseguró que por eso es importante que los mandatarios locales de todos los partidos apoyen las reformas que en el Congreso se están discutiendo, como la de Seguridad Interior y el Mando Único.

Sobre las campañas que han emprendido algunos gobernadores como los de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo de señalar a sus antecesores, Gándara mencionó que independientemente de que los políticos estén a favor de que los servidores públicos se sometan al escrutinio.

“No se debe tratar de echarle la culpa de todos los males a los anteriores y los que llegan cruzarse de brazos. Los hechos están hablando desafortunadamente para mal”, subrayó.

De acuerdo con los datos del Secretariado, también en Durango hay cifras alarmantes a la alza en secuestro, pues desde que tomó posesión el neo panista José Rosas Aispuro se presentaron 35 casos de privación de la libertad. Y en comparación con el mismo periodo del año anterior, hubo un aumento de 400 por ciento.

En homicidios dolosos el incremento fue de más de 50 por ciento en los primeros meses de 2017.

El escenario es similar en Tamaulipas, ahora gobernado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca donde los índices delictivos se habían contenido en años anteriores y desde que llegó la alternancia las cifras volvieron a repuntar. El caso que más preocupa a la ciudadanía es la extorsión, presentando un alza de más del 161 por ciento.



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Atraso en ley de seguridad,
por cálculo electoral: Osorio

Recalca la importancia de dar certeza a las Fuerzas Armadas; firma Convenio de Seguridad Regional con gobernadores de Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán

Por Luis Alberto Alonso
luis.alonso@razon.com.mx

El retraso en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, con la que se busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el país, en cuestiones de combate al crimen organizado en las calles, obedece a cálculos políticos y electorales que terminan por perjudicar a las instituciones, al dejarlas desprotegidas para servir a la sociedad, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Osorio.

Durante la firma del Convenio de Seguridad Regional con los gobernadores de Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, Ramón Pérez Díaz, Miguel Márquez, Aristóteles Sandoval y Silvano Aureoles, respectivamente, destacó que la regulación del Ejército y la Marina en tareas coordinadas con las fuerzas civiles tiene por objetivo servir de manera más eficiente a la ciudadanía, para lo cual no se deben exaltar las banderas partidistas.

“Por eso seguimos insistiendo en que se debe de hacer una Ley de Seguridad Interior para darle certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas. Es momento ya de actuar. Es momento de darles el respaldo con decisión y dejar cálculos políticos electorales para después”, afirmó.

Los diputados deben presentar ante el pleno la propuesta antes de que concluya el Periodo Ordinario el próximo 30 de abril, lo que retrasaría hasta septiembre esta iniciativa promovida desde la Presidencia de la República.

Las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) alegan que se corre el riesgo de una militarización del interior del país en caso de aprobarse la Ley de Seguridad Interior.

La legislación facultaría a los elementos del Ejército, Marina y Policía Federal en el acompañamiento de labores de seguridad en caso de que las policías locales se vean superadas por la inseguridad.

Osorio dijo que no se militarizaría el país, pues labores similares se han realizado en colaboración entre la Segob y los gobiernos de Durango y Coahuila.

“Hubo un acuerdo en el que todas las corporaciones federales decidimos acompañar a los dos gobiernos y en el que se pusieron de acuerdo para formar una policía metropolitana, regional, y en el que el mando militar estaría al frente en el que la sociedad participó con su denuncia, con apoyo económico incluso, con la evaluación permanente”, explicó.

Con estas acciones, subrayó, se logró una reducción de 70 por ciento en homicidios y 60 por ciento en robos.