La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una contradicción de criterios entre sus Salas, determinó que la interrupción del plazo de prescripción de las facultades de la autoridad para fincar responsabilidades implica detener la continuidad de su cómputo y reservar el tiempo que ha transcurrido para que, en su caso, se reanude por el lapso remanente.
La ponencia que estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán fue discutida desde el pasado jueves; sin embargo, fue hasta este lunes que llegaron a un acuerdo con nueve votos a favor y uno en contra de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
“Yo quisiera, nada más, acotar que estaré, obviamente, formulando voto particular al respecto, pero sí quisiera acotar dado que se menciona que sería la interpretación conforme a una ley específica, en realidad, es muy importante mencionar que se está asumiendo un concepto de prescripción que no existe ni en la doctrina jurídica ni en ninguna ley mexicana”.
“Incluyendo esas mismas legislaciones que se mencionan, porque si bien no contiene un concepto de caducidad, el concepto o el alcance que se le pretende dar a la prescripción de manera limitativa respecto de la emisión de una sanción no corresponde a esa ley ni a ninguna otra, y más bien está impidiendo que se pueda sancionar (pues) a quien pudiera habérsele tenido que aplicar esta ley, que todavía se están revisando sanciones en este momento”, declaró Batres Guadarrama.
La Corte determinó que la figura de la prescripción se fundamenta sobre el principio de seguridad jurídica, toda vez que consiste en establecer en la ley un plazo en el que se extingue la facultad del Estado para fincar responsabilidades, con la finalidad de evitar actuaciones arbitrarias.
Este mismo principio es el que permite sostener que la interrupción solo implica detener el transcurso del plazo de prescripción y no que este vuelva a computarse desde el inicio, pues con ello se ampliaría en forma injustificada el espacio de actuación de la autoridad en perjuicio de los particulares, lo que violaría el principio de seguridad jurídica.
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LMCT
