El medio británico The Economist advirtió que más allá del caos que representará la elección de juzgadores en México, se corre el riesgo de que el sistema judicial sea controlado por el crimen organizado.
A través de un texto titulado “México será el único país que elija a todos sus jueces”, el semanario subraya que las bandas criminales ya presentan a sus propios candidatos en las elecciones locales.
Asimismo, que la corrupción cotidiana de los jueces por parte de empresarios y funcionarios, también endémica, probablemente se expandirá.
- El Dato: la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó los dichos de exconsejeros electorales, que alertaron que la elección será “el fraude más grande”.
“Las posibilidades de coerción y corrupción se han visto incrementadas por el laxo proceso mediante el cual los candidatos se presentan a las urnas. Sólo necesitan un título en derecho con buenas calificaciones, cinco años de experiencia legal y cinco cartas de recomendación”, destaca el medio.
En poco más de seis semanas, agrega, tres comités evaluaron a 24 mil candidatos. Las entrevistas a menudo duraban apenas unos minutos.
“Como resultado, algunos candidatos con vínculos criminales conocidos han llegado a las papeletas, un hecho que Morena admite. Esto ha llevado a una farsa”, advierte el texto.
Destaca que en medio del caos, es difícil imaginar que las pandillas no hayan logrado infiltrar a algunos de sus propios miembros, o a aquellos bajo su control, en al menos algunas de las miles de contiendas electorales sin que nadie se dé cuenta.
Esto, en un contexto en el que el Senado insiste en que sólo la autoridad electoral tiene la facultad de eliminar los nombres vinculados a las pandillas, mientras que ésta afirma no poder hacerlo, y parece que los nombres de los candidatos contaminados aparecerán en las papeletas, pero que si alguno de ellos gana un puesto de juez, sus victorias serán anuladas.
The Economist también subraya que con la llegada de nuevos perfiles de personas que “tal vez nunca hayan pisado un tribunal”, se perderá el conocimiento institucional, pues sólo una minoría de los jueces federales en ejercicio se postulan a las elecciones. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo tres ministras de quienes actualmente están en funciones.
“A partir de junio, casos de derecho constitucional y disputas comerciales millonarias serán atendidos por personas que tal vez nunca hayan pisado un tribunal”, añade.
Puntualiza además que hay buenas razones por las que tan pocas democracias piden a los votantes que seleccionen a los jueces, y el único lugar del mundo donde se hace es Bolivia.
“Los jueces de la Corte Suprema se eligen desde 2011. El mecanismo de selección ha sido un desastre, con la autoridad del tribunal socavada por una interminable disputa política por su control. Dos quintas partes de los bolivianos que votaron en las últimas elecciones judiciales anularon sus votos.
“Tener que buscar elecciones somete a los jueces al poder distorsionador de la opinión pública. Es menos probable que los jueces electos respeten la ley cuando hacerlo es impopular. También es menos probable que exijan cuentas a los políticos cuando éstos siguen el estado de ánimo del público”, dice.
