Violencia política en razón de género es un término que parece complejo y, a pesar de ello, escuchamos cada vez más en medios de comunicación. Se trata de una figura legal de reciente adición que, en el fondo, pide respetar los derechos de las mujeres que ejercen o contienden por cargos de elección popular.
En pocas palabras, la violencia política en razón de género es una figura legal por la cual se penaliza a quienes ataquen a mujeres en cargos públicos no por motivos de su ejercicio político, sino por razones de género.
La tipificación de este tipo de violencia ha sido ampliamente reconocida en la lucha por la igualdad de género, aunque ha resultado controversial en otros casos. Te decimos desde cuándo existe esta figura legal en México.
Violencia política en razón de género: ¿desde cuándo es un delito?
En la última década, se ha impulsado en la agenda pública la lucha contra la violencia de género en las diferentes esferas de la sociedad mexicana.
Así, han aumentado las penas contra personas que ejercen violencia en razón de género, feminicidios, difusión de contenido íntimo sin consentimiento e, incluso, se han dado grandes pasos para regular la producción para fines de explotación de imágenes por Inteligencia Artificial (IA).
Uno de los cambios más grandes en la legislación mexicana a este respecto ha sido la tipificación como delito de la violencia política en razón de género.
Así, fue en 2019 cuando México tipificó como delito la violencia política contra las mujeres en razón de género, de forma que se establecieron sanciones penales y administrativas para quienes vulneren los derechos político-electorales femeninos en contextos discriminatorios por género.
¿Qué es la violencia política en razón de género?
La violencia política en razón de género puede manifestarse en expresiones físicas, psicológicas, simbólicas, sexuales, patrimoniales, económicas o feminicidas, y se caracteriza porque busca menoscabar o anular el ejercicio y acceso a cargos públicos de las mujeres, de forma que se ve afectada su participación democrática.
Adicionalmente, la tipificación como delito busca enfrentar prácticas cotidianas que antes eran invisibilizadas o normalizadas y que constituyen tópicos de “guerra sucia” política en contra de mujeres candidatas o funcionarias.
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