Viernes 16.04.2021 - 17:58

Aclara SFP que recorte de 50% a gasto operativo no aplica a Salud, Sedena y GN

Aclara SFP que recorte de 50% a gasto operativo no aplica a Salud, Sedena y GN
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Ante la emergencia sanitaria que atraviesa México, el Gobierno federal ordenó un recorte al gasto en al menos 50 por ciento en los rubros de servicios generales y de operación, excluyendo al Sector Salud, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, por su labor de atención en torno a la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con un oficio girado por la Secretaría de la Función Pública con fecha del 8 de abril y con la rúbrica de la titular Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, el propósito es que las áreas administrativas y finanzas de las dependencias no realicen pagos por conceptos no contratados ni comprometan recursos adicionales.

“A fin de liberar recursos para atender esta situación excepcional y en el entendido de que la operación del gobierno ha reducido la ocupación de oficinas y el uso de insumos, les solicitamos que apliquen estas medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto en cada una de las entidades y dependencias a su digno cargo”, se justifica en la circular.

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La partida de servicios generales corresponde al recurso asignado a cubrir el costo de todo tipo de servicios contratados con particulares o instituciones del sector público, incluye los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Esta medida de austeridad implementada por el Gobierno federal excluye a la Secretaría de Salud, a las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y proyector prioritarios como la construcción de la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.

“Que están realizando actividades prioritarias para hacer frente a la emergencia sanitaria o dando continuidad a los proyectos prioritarios de la administración. Estas unidades únicamente seguirán sujetas a las medidas de austeridad que dicta la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como las disposiciones presupuestarias pertinentes”, precisa el documento.

En caso de no acatarse la instrucción presidencial, se advierte que el servidor público incurriría en una falta administrativa sancionable por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Austeridad Republicana.

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