Acusado de tortura va para diputado federal

La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena-PES-PT, puso como candidato a diputado federal por la vía de mayoría relativa al teniente coronel retirado Julián Leyzaola Pérez, quien en 2011 fue inhabilitado por ocho años, ya que fue acusado de torturar y privar de la libertada a 23 policías de su corporación.

Según las listas de candidatos de la coalición que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en poder La Razón, se menciona que Leyzaola Pérez va por el distrito 8 de Baja California, y su suplente es Héctor Cruz Aparicio, dirigente del PES en Tijuana.

El Dato: Leyzaola tiene 19 recomendaciones por violaciones de los derechos humanos y 20 indagatorias en el fuero federal y común.

En 2009, familiares de los uniformados denunciaron que obligó a los policías a declarar que estaban vinculados con grupos de la delincuencia organizada, por lo que estuvieron arraigados 40 días en el 28º Batallón militar, en el Aguaje de la Tuna.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó, en dos recomendaciones la 87/2011 y la 12/2015, la violación a derechos humanos que cometió Leyzaola Pérez.

Según la Recomendación 87/2011 refiere a los hechos ocurridos en marzo de 2009, cuando se privó de la libertad, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, B.C., a dos civiles y 23 policías municipales

En tanto, la recomendación 12/2015 señala que, en abril de 2012, seis policías del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron actos de detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza en agravio de 5 personas, de las cuales 4 fallecieron como consecuencia de ejecución arbitraria con disparo de arma de fuego y una logró sobrevivir. En ese entonces, Julián Leyzaola Pérez era secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua

Debido a estos hechos, en 2017, la CNDH pidió a las autoridades de Quintana Roo “reflexionar” sobre el nombramiento de Leyzaola como asesor operativo de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez dado, que mencionó, enfrenta responsabilidades por violación a derechos humanos como servidor público.

“La seguridad pública debe ser garantizada a todas las personas, pero no se logra violentando los derechos humanos, no es la arbitrariedad la que debe reinar para mantener el orden, pues esa es característica de los estados despóticos y autoritarios; el uso irracional de la fuerza pública es el que genera actos como los narrados en las recomendaciones citadas, donde el Estado lejos de generar confianza en sus instituciones, siembra desconciertos y resentimientos en la población”, expresó en 2017 la Comisión en un comunicado.

Recordó que Leyzaola Pérez enfrenta cuatro denuncias en que se hacen señalamientos en su contra: una averiguación previa y su acumulada ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana; una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República, así como una carpeta de Investigación ante la Fiscalía General de Chihuahua y otra de índole administrativo ante la Dirección de Asuntos Internos del ayuntamiento de Ciudad Juárez.

[caption id="attachment_719736" align="alignnone" width="696"] Gráfico: La Razón[/caption]