Anuncia 4T reforma judicial, pero retrasa iniciativas en medio de desconfianza

El Gobierno federal pospuso 15 días la entrega del paquete de nueve iniciativas para reformar el sistema de procuración y administración de justicia en México, el cual propone crear un Código Penal Único y una Ley Nacional de Cultura Cívica, restringir el uso de amparos para evitar alargar las extradiciones y compactar los recursos procesales.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, informó a los senadores que el próximo 1 de febrero estará en condiciones de presentar las iniciativas al Poder Legislativo, las cuales permitirán acabar con la llamada “puerta giratoria” y hacer frente a la inseguridad, la injusticia y la impunidad en México.

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Afirmó que “la falta de justicia se sustenta en tres factores fundamentales: enorme inseguridad, enorme corrupción y una enorme impunidad”. Agregó que de los 33 millones de delitos que se producen al año, 90 por ciento es contra la gente más desprotegida del país.

Ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se pronunció porque el Senado realice un Parlamento Abierto para discutir los grandes cambios al sistema de procuración y administración de justicia, donde participen distintos sectores de la sociedad.

Gertz Manero agregó que la iniciativa de justicia para adolescentes busca detener el creciente número de niños y adolescentes dedicados al delito, y que se sentencie por la cantidad de años consecuentes a la comisión de un ilícito y evitar que al cumplir 17 años salgan libres.

Explicó que la Ley de Justicia Cívica intenta prevenir la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de los criminales y de su colusión con policías y funcionarios municipales; priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de hacerlo en casos de las personas más vulnerables, además de promover el trabajo comunitario.

“Vemos a México con un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos”

Julio Scherer

Consejero Jurídico de la Presidencia

Respecto al Código Penal Nacional señaló que se busca homologar todos los delitos, tipicidad y agravantes, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social; establecer con precisión la competencia local y la federal, y corresponsabilizar a las autoridades federales y estatales de manera clara en su lucha contra el crimen organizado.

En tanto, el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, admitió que el actual modelo de seguridad y justicia del país ha fracasado.

“Vemos a México como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos”, subrayó.

El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que estas reformas son de “gran calado”, ya que se pretenden dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales; reformas a cuando menos seis leyes y cambios sustanciales a 14 artículos de la Constitución.

“No nos vamos a apresurar, porque queremos otorgarle a la ciudadanía instrumentos jurídicos que permanezcan y que sean eficaces para poder enfrentar con éxito el problema de la inseguridad, de la impunidad y de la violencia”, apuntó el también coordinador de Morena.

Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, dijo que con el envío de las iniciativas arranca el proceso legislativo de una reforma profunda, para “dar respuesta a una sociedad cansada e indignada por los problemas de violencia e inseguridad que nos aquejan desde hace más de una década”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confió en que a través del diálogo se pueda fortalecer la procuración y administración de justicia, pues “es de extrema importancia para vivir en un Estado de derecho, y es muy importante para la Cuarta Transformación”.