Aplicar la ley, solicita Barbosa al Gobierno

Aplicar la ley, solicita Barbosa al Gobierno
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El principal reto que enfrenta en este momento el Gobierno federal es aplicar la ley, pero con respeto a los derechos humanos, consideró el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Barbosa, al advertir que, de no actuar, el país podría entrar en un momento crítico en materia de justicia y aplicación de la ley.

“Ante esos riesgos la actitud de las autoridades no puede ser la omisión. Por ello, urge emprender acciones contundentes para garantizar la vigencia del Estado de derecho. De no hacerlo, el país entraría en un momento crítico en materia de justicia y aplicación de la ley”, dijo.

Barbosa comentó que en los hechos de Tlatlaya, Estado de México; Ayotzinapa, Guerrero; o Tanhuato, Michoacán, integrantes de las corporaciones de seguridad o de las Fuerzas Armadas se han visto involucradas.

El 30 de junio de 2014 elementos del Ejército y presuntos miembros de cárteles del narcotráfico protagonizaron un enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, que dejó un saldo de 22 civiles muertos y un militar herido.

Apenas el 16 de julio pasado el gobierno mexiquense sancionó a 30 funcionarios relacionados con el caso Tlatlaya.

“En los 30 casos hay algún tipo de sanción, siete u ocho destituciones y 22 personas que van a ser suspendidas por algún tiempo, es por el asunto de Tlatlaya, funcionarios de la Procuraduría que fueron en algún momento acusados de algo”, indicó el secretario general del Gobierno estatal, José Manzur.

El funcionario local agregó que “ya la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México manifestó las 30 sanciones”.

Entre el 26 y el 27 de septiembre de ese mismo año, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos por elementos de la policía municipal y estatal de Iguala, Guerrero, hecho por el que se encuentran detenidas 130 personas.

El 22 de mayo de 2015 un enfrentamiento entre las fuerzas federales y presuntos delincuentes en el municipio de Tanhuato dejó un saldo de 42 víctimas.

“Por sí solo cada uno de estos acontecimientos ha dañado la credibilidad de las instituciones. Y esa mala imagen no se va a resolver como por acto de magia”.

Consideró: “los lamentables acontecimientos que se han presentado en esta administración minan la actuación de las instituciones y ponen en duda la posibilidad de que México garantice los derechos humanos”.

Insistió en que las autoridades mexicanas tienen ante sí el reto de aplicar la ley, “pero con irrestricto apego a los derechos humanos”.