Arremete subsecretario de Seguridad federal contra juez que frenó el Panaut

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja acusó al juez Juan Pablo Gómez Fierro de ser “utilizado por ciertos grupos a contentillo", luego de que otorgara un amparo contra la inscripción en el Panaut.

Al ofrecer una conferencia de medios para explicar las bondades del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, Mejía Berdeja señaló que el amparo otorgado contra la inscripción en el Panaut fue contraria a los intereses de seguridad nacional.

Reconoció que las autoridades de Seguridad no solicitaron incluir ningún dato biométrico y que en todo caso corresponderá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) definir los lineamientos concretos en ese rubro.

“Nosotros no estamos pidiendo nada de eso, eso lo va a determinar el IFT y pudiera ser un solo dato. Lo que sí se busca es que no haya suplantación, que no se alteren documentos y que no se elaboren documentos de carácter apócrifo”, afirmó Ricardo Mejía.

Aseguró que los números de prepago son utilizados por bandas del crimen organizado que aprovechan el anonimato que otorga la adquisición de esos dispositivos para realizar 9 de cada 10 llamadas de extorsión a la ciudadanía.

Mejía Berdeja explicó que con este tipo de tecnología los criminales llevan a cabo delitos como secuestro, extorsión y trata.

Acusó a quienes se oponen a la medida de responder a intereses comerciales o criminales “lo que está a debate es un modelo de ventas contra un modelo de seguridad nacional”, dijo el funcionario.

Agregó que las protestas se realizan bajo un falso discurso porque ahora instituciones públicas y privadas ya piden datos personales e incluso biométricos, lo que reconoció hará más complicada la adquisición de las tarjetas SIM de los teléfonos, pero es parte de la responsabilidad de contar con el servicio, lo que evitará que los criminales puedan adquirir un gran número de estos equipos.

“Las utilizan de manera desechable a diferencia de un teléfono de renta fija, pospago o como le quieran llamar, le piden todos los datos personales, copia credencial elector, comprobante de domicilio, autorización para ir al buró de crédito, es más casi le piden el ADN y ahí nadie se rasga las vestiduras, hoy en día es una práctica común con toda la gente que tiene el pospago”, dijo Ricardo Mejía.

Aclaró que las autoridades no tendrán acceso a las llamadas o mensajes de los teléfonos, tampoco tienen como objetivo ubicar dónde se realizó la llamada sino únicamente saber quién la hizo.

“El objetivo no es la georreferenciación, porque eso ya se puede pedir conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, no tenemos problema quizá para ubicar de dónde se hace una llamada lo que hoy no se sabe es quién está detrás de esa llamada y ese es el objetivo del registro de usuarios”, dijo el Subsecretario de Seguridad.