Atribuyen atorón en certificación policial a falta de dinero y voluntad

Las principales problemáticas que impiden el avance de la certificación de los policías estatales y municipales en el país son la falta de recursos económicos, el cambio de estrategias para elaborar los exámenes de control y la falta de voluntad de las autoridades, aseguraron diputados federales consultados por La Razón.

Ivonne Ortega, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), explicó que en la mayoría de las ocasiones en las presidencias municipales no tienen ni para pagarles los salarios a los policías, “mucho menos tendrán para pagar para que los certifiquen”.

Recordó que, en la mayoría de las entidades del país, deben enviar a los elementos policiacos a la Ciudad de México para que sean certificados; entonces, si no tienen para pagarles ni darles viáticos prefieren no someterlos a estos exámenes.

“Los podemos certificar acá, si, nada más hay que trasladarlos a la Ciudad de México lo cual representa el pago de un boleto de avión, en el caso de Yucatán, o en camión, pero son 24 horas para que hagan una prueba y de inmediato regresarlos porque no se permite hacer estas certificaciones en los estados”, explicó .

La exgobernadora de Yucatán añadió que anteriormente existían certificadores en los estados quienes realizaban las pruebas, por lo que se podría regresar a esa medida.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, consideró que es “una falta de voluntad de algunas autoridades porque los recursos económicos deben de existir para realizar la capacitación y preparación de sus elementos”.

Dijo que la Certificación Único Policial y los exámenes de control de los uniformados en las entidades no deben terminarse en el país, son de gran importancia para acabar con los índices delictivos.

El exgobernador de Coahuila recordó que la entidad no era necesario que los elementos salieran para efectuar estas pruebas, pues existían verificadoras que hacían los exámenes de valoración con los mayores estándares de calidad.

Moreira Valdez aseguró que hay municipios poderosos, como Guadalajara, Morelia o Monterrey, los cuales no pueden poner pretextos y deben trabajar por la seguridad de la población.

Por separado, la diputada del PT, Mary Carmen Bernal Camarena, secretaria de la Comisión de Justicia, planteó la necesidad de hacer un cambio de estrategia, inyectar más recursos a los municipios para que preparen mejor a sus elementos.

En la mayoría de las ocasiones los policías ganan muy pocos recursos y por eso caen en las manos de la delincuencia, “por eso es necesario darles más recursos para que tengan buenos salarios y no caigan en esas situaciones”.

Ayer, La Razón pubicó que, de acuerdo con cifras del Inegi , al cierre del año pasado, sólo tres de cada 10 uniformados (29.5 por ciento) adscritos a las corporaciones de las instituciones de seguridad pública estatales contaban con Certificado Único Policial vigente.

Van por frenar robo en combis al oriente del Valle de México

A partir de la próxima semana, los gobiernos de la capital y del Estado de México pondrán en marcha una estrategia de seguridad para disminuir el robo a transporte público en la alcaldía Iztapalapa y los municipios colindantes del lado mexiquense, como Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, los Reyes y otros.

La estrategia consiste en reforzar la vigilancia y fortalecer la seguridad en vialidades altamente concurridas que conectan ambas entidades al oriente del Valle de México, particularmente la calzada Ignacio Zaragoza, donde cada día transitan alrededor de dos millones de personas, y la calzada Ermita Iztapalapa.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que además de la dependencia que encabeza y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, también participarán la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia de la capital y autoridades de la alcaldía Iztapalapa y de los municipios mexiquenses conurbados a ella.

En conferencia de prensa realizada en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, detalló que por parte de la SSC serán desplegados poco más de 300 elementos de la Subsecretaría de Operación Policial, quienes estarán distribuidos en 44 puntos de revisión ubicados en las zonas que son foco de este delito.

Particularmente, precisó, en la calzada Ignacio Zaragoza habrá 19 puntos de revisión y 15 de presencia, localizados en las zonas de ingreso y salida de la Ciudad de México, mientras que en la calzada Ermita Iztapalapa se instalarán ocho puntos de revisión y dos de presencia.

El jefe de la policía capitalina indicó que los puntos de revisión operarán en los horarios con mayor afluencia de usuarios del servicio de transporte público, por lo que cambiarán de acuerdo con las necesidades, aunque en principio los turnos serán de 06:00 a 09:00, de 13:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00 horas.

Además, participará en la estrategia un helicóptero, el cual hará sobrevuelos en distintos horarios.

García Harfuch señaló que las tareas de los elementos se centrarán en hacer revisiones preventivas y aleatorias a los usuarios del transporte público, “con la finalidad de detectar la posible portación de objetos que puedan ser utilizados para la comisión de delitos”.

Además, se mantendrá comunicación con los despachadores del Centro de Control y Comando de la Zona Oriente para atender emergencias o denuncias de hechos delictivos al momento y para hacer investigación de campo sobre presuntos integrantes de grupos delictivos en cada área.

En su turno, el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis, detalló que se han detectado nueve colonias en zonas limítrofes con la capital con alta incidencia en este delito. Dichas colonias, precisó, están en los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Naucalpan.

En una breve intervención, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que espera acudir la próxima semana a las zonas conflictivas de la capital para supervisar los trabajos de esta estrategia anunciada.

A su vez, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, llamó a no bajar la guardia en el combate a la delincuencia.

Disminuyen delitos y costos de inseguridad en negocios

Durante 2021 disminuyó en 25.6 por ciento el número de negocios víctima de delitos y se redujo en casi 52 por ciento el costo a consecuencia de la inseguridad respecto a 2019, debido que muchos establecimientos estuvieron cerrados por el confinamiento de la población a causa de la pandemia de Covid-19, destacó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022, durante el año pasado se generaron 2.9 millones de delitos asociados a 1.2 millones de unidades económicas víctima; estas cifras son menores en 25.6 y 20.0 por ciento, respectivamente, en comparación con 2019.

En 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 120.2 mil millones de pesos, es decir, 0.67 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), monto menor en 51.95 por ciento a los 205.2 mil millones de pesos que ascendió en 2019.

El vicepresidente del Inegi, Adrián Franco, explicó que en la primera parte del 2021 muchos negocios cerraron por el confinamiento motivado por la pandemia; por lo tanto, no fueron víctimas de delito y tampoco tuvieron que invertir o gastar dinero para la prevención.

Sin embargo, a pesar de la pandemia, se mantuvieron o crecieron aquellos delitos que no requieren contacto directo con las personas, como son la extorsión o el fraude, ya que pueden cometerse por vía telefónica o electrónica.

El director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, Oscar Jaimes, informó que la extorsión fue el delito más frecuente con 28.9 por ciento del total, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes con 19.7 por ciento, robo hormiga con 12.9 por ciento, actos de corrupción con 10.8 por ciento y fraude con 10.2 por ciento.

Indicó que, en 21 entidades federativas, la extorsión fue el delito más frecuente en 2021, mientras que en 2019 fueron 13; mientras que el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes prevaleció en ocho estados el año pasado, el fraude en dos y los actos de corrupción en uno.

Jaimes precisó que nivel nacional, se estimó una cifra negra de 91.5 por ciento de los delitos cometidos; en estos, no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación durante el 2021.

Señaló que los delitos que tienen mayor cifra negra, porque son los que menos se denuncia, son el secuestro, los actos de corrupción y la extorsión.

Las principales razones para no denunciar, en dos de cada tres causas, son por causas atribuibles a la autoridad, como el miedo a que lo extorsionaran, la pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, la desconfianza en la autoridad o por malas experiencias anteriores.

Respecto a la percepción sobre seguridad, de febrero a abril del 2022, reportó que, a nivel nacional, se estima que 52.9 por ciento de las unidades económicas (2.5 millones) consideró que la inseguridad y delincuencia son los problemas que más las afectan. En 2020, esta percepción fue de 60.4 por ciento.

Refirió que 14 por ciento de las empresas a nivel nacional en 2021 manifestaron sentirse afectadas por la presencia de la economía informal.

Campeche y Ciudad de México tienen los mayores porcentajes (24.4 y 24.3 por ciento), mientras que Sonora y Colima tienen los menores (5.5 y 6.5 por ciento).