Caso Iguala: 72 acusan tortura, CNDH acreditó 8 y PGR admitió 2

Caso Iguala: 72 acusan tortura, CNDH acreditó 8 y PGR admitió 2
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 72 casos de violaciones a las garantía individuales de inculpados en el caso Iguala: ocho por tortura y 65 más por otras violaciones; en este último grupo se encuentra el trato cruel e inhumano a Carlos Canto, cuyo caso trascendió por un video del interrogatorio.

Según el informe final del organismo, publicado en noviembre de 2018, los imputados, Carlos Pascual Cervantes, David Cruz, Eury Flores, Felipe Rodríguez, Francisco Lozano, Gabriel León, Gilberto Parra y Gildardo López fueron víctimas de tortura; mientras que 28 personas, entre ellas Canto Salgado, recibieron tratos crueles durante y después de su detención.

Destacan tres expedientes, de los cuales La Razón posee copia, en los que los imputados denunciaron golpes e, incluso, agresiones sexuales.

En el expediente cndh/2/2015/4530/ de Cruz Hernández, El Chino, quien se desempeñó como exelemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, Guerrero, se refiere que éste declaró que después de ser detenido, el 9 de octubre de 2014, 11 elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) “le sumergieron la cabeza en una cubeta con agua, lo llevaron a un hotel donde lo amarraron de pies y manos, y cada que intentaba dormir le echaban agua en la cara”.

El imputado, acusado de secuestro agravado y delincuencia organizada, agregó que, pese a reconocer que trabajaba como “halcón” de Guerreros Unidos, “lo enrollaron con cinta canela de los pies hasta los hombros y durante una hora lo dejaron parado y recargado en un muro”.

En tanto, Flores López, presunto integrante de Guerreros Unidos y cuyo caso se detalla en el documento cndh/2/2014/7925/q, denunció que tras su captura, el 27 de octubre de 2014, fue golpeado por agentes de la Secretaría de Marina y llevado a instalaciones militares.

“Al negar tener información lo golpearon, le vendaron la cabeza y las manos, amenazando con matar a su familia; le pusieron una bolsa en la cabeza, le quitaron el pantalón y lo golpearon en las costillas; lo desnudaron y le volvieron a poner una bolsa en la cabeza y le dieron toques en los testículos”, se lee en el informe.

Un caso más es el del expediente cndh/1/2015/1444/q, de Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto integrante también de Guerreros Unidos, y que hoy se encuentra en libertad condicional por falta de elementos en su contra.

Él denunció que el 16 de enero de 2015 fue detenido por la Policía Federal y trasladado a una casa donde fue torturado.

“Le preguntaban por El Gil, que dónde estaban los normalistas, que si trabajaba para Guerreros Unidos y como no respondía, un elemento lo golpeó con un casco en la cabeza y lo llevaron a una casa en la que lo metieron a un cuarto semioscuro y un policía cortó cartucho y le colocó la pistola en la cabeza. Después le colocaron una playera mojada en la cara con una bolsa tratando de asfixiarlo, le dieron toques en los testículos y lo amenazaron con matar a su familia por lo que se vio obligado a aceptar su participación en los hechos”, se establece en el documento.

En los interrogatorios mencionados, como en otros cinco, la CNDH concluyó: “se acreditaron lesiones similares a un hecho de tortura”.

El Dato: Por el caso del docente torturado, del que se reveló un video, la CNDH responsabilizó a la PGR por obstruir las investigaciones al no revelar informes de los detenidos.

El resto de los casos corresponden a detención arbitraria, dilación en la puesta a disposición del Ministerio Público y cateo ilegal.

Respecto a los ocho actos de tortura, el 8 de mayo de 2017 la PGR informó que practicaron evaluaciones a las víctimas y se concluyó que “seis resultaron negativos y dos positivos”.

Determinó que Felipe Rodríguez y Edgar Vieyra “presentaron lesiones correspondientes a maniobras de tortura física”.

Critican sesgo político de ombudsman nacional

El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Rafael Ruiz, afirmó que en el caso Ayotzinapa, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, actuó con sesgo político y falta de ética para posicionarse con miras a la reelección.

“Es válido que pretenda reelegirse, pero no así, no a toro pasado, cuando tenía el caso en sus manos y hasta ahora den a conocer algo que ya sabía”, enfatizó acerca del video de tortura contra Carlos Canto.

En entrevista con La Razón, el morenista dijo que tanto la extinta PGR como la CNDH tuvieron funcionarios que perdieron credibilidad por ocultar datos en su beneficio.

En tanto, la activista Adriana Bahena recriminó que la CNDH ha estado enterada de muchas situaciones, pero realmente no ha hecho nada.

La integrante del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala dijo a este medio que la balanza se inclina a donde ellos les convenga y ahora que se destapen situaciones irregulares “se lavan las manos”.

J.G. Mejía y J. Butrón

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