Coparmex se ampara ante bloqueos de la CNTE

Coparmex se ampara ante bloqueos de la CNTE
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El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, promovió ante el Poder Judicial federal una demanda de amparo por actos y omisiones gubernamentales referentes a los bloqueos de la CNTE que han generado pérdidas millonarias durante al menos 11 semanas.

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Informó que la demanda fue turnada al Juzgado 11 en Materia Administrativa, a cargo del magistrado Agustín Tello Espíndola, y en ella se quejan de la violación de los derechos colectivos de los empresarios y ciudadanos.

Expuso que se trata de bloqueos y tomas impunes en ocho entidades, con afectaciones mayores en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Ciudad de México, donde la actividad económica ha sido afectada, lo que es inadmisible en un régimen democrático donde debe imperar el Estado de derecho.

“Son ya 82 días de actos contra la ley por parte de los integrantes de la CNTE, ante la evidente falta de capacidad del Estado Mexicano para reestablecer el orden”, agregó.

De Hoyos Walther argumentó que diversos sectores de la sociedad han pedido a autoridades de diferentes niveles de gobierno que intervengan para restablecer la paz y el libre tránsito en los municipios y ciudades afectadas, sin que hasta hoy hayan obtenido una respuesta concreta y contundente.

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El dirigente de la Coparmex recordó que no se trata de bloqueos temporales en vías de comunicación e instituciones públicas y privadas, sino que son tomas prolongadas que afectan gravemente todas las actividades sociales, económicas y educativas del país.

Reiteró que no buscan represión de los movimientos sociales, cuando estos son legítimos y respetuosos del contexto social, económico y del desarrollo.

"Pedimos que se restablezca la paz, que se respeten las garantías constitucionales de libre tránsito, de derecho al trabajo, a la educación y la libertad económica", remarcó.

Según expuso, la demanda es que las negociaciones entre el gobierno federal y la CNTE vayan más allá de decisiones unilaterales, como el pago de salarios a comisionados sindicales que no trabajan o la reinstalación de profesores que no cumplen con la evaluación considerada en la reforma educativa.