Aprueba el Senado Reforma Judicial que genera controversia

Entre cuestionamientos del PAN, Movimiento Ciudadano y hasta de Morena, por considerar que favorece al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, el pleno del Senado aprobó, en lo general y en lo particular, las modificaciones constitucionales que reforman al Poder Judicial Federal (PJF).

El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados con 83 votos a favor de Morena y sus aliados, que sumaron algunos del PRI, PAN y PRD; en contra 13 de 4 panistas, el morenista Germán Martínez y MC. En abstención fueron las priistas Claudia Ruiz Massieu y Sylvana Beltrones, y el perredista Miguel Mancera. En lo particular, se avaló con 71 votos a favor y 13 en contra.

Inconforme por lo que consideró es la consolidación del “presidencialismo” en el PJF, el morenista Germán Martínez advirtió a sus compañeros de bancada “no quiero un monarca en el Poder Judicial”.

Señaló que la reforma no promueve la sana competencia entre jueces, sino que “se premian lealtades a consejeros jurídicos de la Presidencia de todos los sexenios. Se premia a gobernadores, a líderes. Se pone la carrera judicial al servicio del dinero y del interés público y no somos iguales, eso decimos en Morena. Nosotros hoy estamos dejando pasar una oportunidad para poner un verdadero régimen de designación de jueces, transparente, limpio, imparcial, profesional, meritocrático”.

Los cambios aprobados, como el agregado al artículo 107, que estableció que no se puede impugnar la designación de jueces o magistrados, provocó su molestia.

“Ni siquiera tocamos a los jueces electorales, ni siquiera tocamos al TEPJF. Un buen juez por su casa empieza, y hay jueces que no quieren que toquemos la casa de los jueces, hay jueces que no quieren que limpiemos la casa de los jueces”, dijo.

Dante Delgado, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, concidió en que el dictamen concentra el poder en el presidente de la Corte y trastoca los únicos instrumentos que tienen los estados para ejercer un contrapeso a la Federación.

“Es una reforma antifederalista, con la que se corre el riesgo de cancelar la posibilidad de que estados y municipios puedan presentar controversias constitucionales”, destacó, e incluso, advirtió que si legisladores del PAN y el PRI no rectificaban su posición, “en los hechos, estarán disolviendo el Bloque de Contención, que hasta hoy ha sido uno de los últimos diques para mantener el equilibrio de poderes en México”.

El panista Damián Zepeda reconoció que su bancada votaría dividido y acusó que hubo “llamadas de ministros, cabilderos y gobernadores, todos presionando para que pasara esta reforma”.

“Ni siquiera lo oculta el presidente de la Corte; abiertamente dice que el corazón de esta reforma es deshacerse de miles de casos y yo le pregunto a la oposición: ¿Por qué le van a quitar una defensa al municipio?, en un momento de ataque frontal del Gobierno federal a los estados y municipios. Hay dos vías de controversias constitucionales: la que ataca la constitucionalidad y la que ataca la legalidad, que es lo que usa un municipio cuando un estado no le está entregando sus participaciones, por ejemplo”, refirió.

De acuerdo con el dictamen aprobado, con esta reforma se consolida la carrera judicial, se limita la discrecionalidad de nombramientos, adscripción y ratificación de jueces; combate el nepotismo; impulsará la capacitación y la carrera judicial, así como a la Defensoría Pública; crea Plenos Regionales en sustitución de Plenos de Circuito, transforma los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales de Apelación y modifica el sistema de jurisprudencia.

La SCJN mantiene la facultad de revisar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y también sobre la designación de jueces o magistrados, su remoción o ratificación, mientras que el CJF tendrá facultades para conocer de violaciones graves a derechos humanos.

El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación y después tendrá que recibir el apoyo de 17 entidades para que tenga efectos.