Dan 31 años de cárcel a militar por desaparición forzada en NL

Foto: Archivo Cuartoscuro

Un subteniente de infantería del Ejército fue condenado a 31 años y tres meses de prisión, tras ser hallado culpable de desaparición forzada por el juez 1 de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, Eustacio Esteban Salinas.

La sentencia se dictó luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) comprobara la responsabilidad penal de ese militar en la comisión del delito de desaparición forzada cometido en agravio de una persona.

El juzgador consideró que la autoridad ministerial acreditó a plenitud que el 20 de mayo de 2012 en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, el ahora sentenciado privó ilegalmente de su libertad a la víctima, quien hasta el momento continúa desaparecida.

Al condenado también se le destituyó del cargo y se le inhabilitó para desempeñar otro puesto, comisión o empleo públicos por 15 años y tres meses, según los artículos del Código Penal Federal que sancionan el delito de desaparición forzada de personas.

Salinas Wolberg dijo que basó su sentencia en la grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito.

También al ámbito de protección de los familiares de esa persona, “por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad”, precisó en la sentencia que emitió.

El juez ponderó igualmente el perjuicio causado al Ejército, que desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las instituciones civiles en el combate de la delincuencia organizada, conforme a los ordenamientos legales.

La resolución señala que conductas aisladas y lamentables como este caso son contrarias al espíritu de la delicada tarea de protección y salvaguarda del Estado y de sus habitantes por el Ejército Mexicano.

Añade que la condena se sustenta en la obligación constitucional del juez federal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de su competencia, así como las relativas a la prevención, sanción y reparación de las violaciones a esas garantías.