Dan luz verde a comisión Iguala... y normalistas atacan a militares

Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó que no existe imposibilidad jurídica para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Iguala.

Al analizar el artículo 21 constitucional, los magistrados determinaron que la resolución que había dado el Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas quedaría sin efectos, por lo que se concluyó que la creación cuenta con sustento legal, constitucional y convencional.

“No existe exclusividad del Ministerio Público para investigar. Incluso en el caso existen investigaciones formales reconocidas por la propia Procuraduría General de la República (PGR), por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, indica el resolutivo.

Respecto a la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la comisión de investigación del caso Ayotzinapa, se destacó que en ninguna parte de la ejecutoria de amparo se dijo que investigarán delitos, sino que investigarán hechos; en específico, los relacionados con lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014.

“No se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales, conforme a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de Viena; se debe privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales”, agregó.

Incluso, se destacó que una vez que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia emprenda su misión, podrá llegar a un punto en el que, al analizar o explorar determinada línea de investigación, la CNDH estime que procede formular una recomendación a determinada autoridad y podrá hacerlo en el marco de sus atribuciones legales.

“No se ve de qué modo esa situación pueda afectar a la institución ministerial, como lo sugiere el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, ya que se trata de medidas encaminadas a arribar a la verdad y la intención de la PGR es, precisamente, el esclarecimiento de los hechos, así como la persecución de los responsables”, afirmó el Tribunal colegiado.

En su sentencia, los magistrados advierten que, de no cumplir con el fallo, la PGR incurriría en desacato.

Dicha resolución se da luego de que la PGR rechazó la creación de la Comisión y criticó las resoluciones del Tribunal, pues fue el mismo que ofreció amparos a presuntos integrantes de la asociación delictiva Guerreros Unidos, pese a que confesaron haber participado en la desaparición de los estudiantes.

Además, sostiene la autoridad que los amparos violan la Constitución y las facultades del Ministerio Público para investigar los delitos cometidos.

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