Aprueban diputados quitar a UIF obligación para notificar cuentas bloqueadas

Con rechazo del bloque opositor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda incluir a alguien en la lista de personas bloqueadas si cuenta con indicios suficientes de que esté relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

El dictamen, resultado de las modificaciones hechas por el Senado, fue aprobado por 266 votos, así como 219 en contra de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito plantea que los sospechosos de estos delitos incluidos en la lista de personas bloqueadas podrán solicitar una audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en un plazo no mayor a cinco días hábiles luego de haber presentado los fundamentos para introducirlo en esa lista.

Después de la audiencia, la UIF deberá emitir una resolución administrativa en la que fundamentará la permanencia o no de la persona en la lista de bloqueos. En caso de que el implicado esté inconforme con la resolución, podrá impugnarla conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Así se deja a las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se retira tal obligación a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Por parte del bloque opositor, José Francisco Yunes (PRI) advirtió que esta modificación representa un acto que lesiona principios constitucionales de garantía de audiencia.

“Nadie puede ser privado de sus derechos, propiedades, posesiones y libertad si no media juicio en primer lugar, desarrollado en tribunales previamente establecidos donde se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y con leyes votadas y en vigor con antelación”, subrayó el priista en tribuna.

La panista Patricia Terrazas acusó un uso faccioso de las instituciones contra los ciudadanos, ya que se están dando atribuciones que pertenecen a un ministerio público.

“El buen juez por su casa empieza. Tendría que hacer las aclaraciones del origen y destino de los recursos de su familia: José Ramón, Martín, Pío, su prima Felipa y sus colaboradores cercanos”, subrayó durante el debate.

En tanto, Marcelino Castañeda (PRD) expuso que el dictamen está destinado a ser declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que adelantó el voto en contra de la bancada del Sol Azteca.

En su intervención, Salvador Caro (MC) expuso que en el dictamen se deja de lado la posibilidad de fortalecer la institucionalidad de los procesos, ya que no se combate realmente al crimen organizado, al terrorismo, ni las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Respecto a la iniciativa, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, explicó que “se trata de simplificar. La obligación para notificar a todos los usuarios que se incluyan en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera es materialmente imposible de atender, toda vez que no tiene los recursos humanos y materiales para atender la disposición como se había planteado, mientras que los bancos sí la tienen, y operativamente está demostrada su eficiencia”.

JVR