Diputados aprueban nuevo Sistema Anticorrupción

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Foto: Cuartoscuro

Tras una discusión que requirió más de seis horas y media, el Pleno de la Cámara de Diputado avaló en lo general y en lo particular el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que ahora tendrá que ser aprobado por el Senado de la República y ratificado por la mayoría de los congresos locales al contemplar reformas a la Constitución.

Luego de desechar las casi 40 reservas que presentaron diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, el dictamen fue avalado en lo particular con 313 votos a favor, una abstención y 61 en contra.

Mientras que en lo general fue avalado con 409 a favor, 24 en contra de diputados de Morena, PT y Movimiento Ciudadano, así como tres abstenciones.

El Sistema Nacional Anticorrupción se establece en el artículo 113 constitucional, y dicta la conformación de un Comité Coordinador integrado por cada una de las dependencias y tribunales que engloban el sistema como la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

El objetivo de estos es realizar acciones en prevención, detección, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

El sistema no sólo establece mecanismos para investigar y sancionar a servidores públicos que hagan un mal manejo de recursos públicos, sino también a los particulares que tengan proyectos u obras con recursos federales.

“Ahora se podrá imponer sanciones también a los particulares vinculados con actos de corrupción, que consistirán en su inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; suspensión, intervención o disolución de las empresas de los responsables; obligación de resarcir los daños al erario”, señaló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Julio César Moreno.

Explicó que las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos consistirán en amonestación, suspensión e inhabilitación, además de las sanciones económicas, de acuerdo a los daños y perjuicios patrimoniales causados.

Para el funcionamiento del sistema anticorrupción aún se deberán establecer leyes secundarias que deberá aprobar posteriormente el Congreso de la Unión.