Duarte, sin fundamentos para defenderse, afirma abogado

A pesar de que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, no firmó papeles que lo involucren en el delito de desvío de recursos públicos, esto no es determinante, y se seguirá el proceso en su contra, dijo el presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, en entrevista con La Razón.

Durante la segunda comparecencia en Guatemala, del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, éste aseguró que no había elementos para imputarle cargos, debido a que él nunca firmó documentos sobre pagos que contribuyeron al desvío de más de 200 millones de pesos.

Sin embargo, el hecho de no haber una autorización por escrito no exime de culpa al exgobernador, asegura para La Razón Alberto Woldrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México.

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“Estos argumentos de Duarte de Ochoa son infundados debido a que él pudo consentir o autorizar sin la formalidad de un escrito (o una firma) como pretende acusar de acuerdo con las leyes”, detalla el especialista.

“Duarte es absolutamente responsable de los malos manejos de recursos públicos durante su administración en Veracruz, ya que su cargo lo atiene a ello, sin importar que los secretarios de las distintas dependencias sean los encargados directos de las instancias”, aclaró.

Duarte de Ochoa, quien pasó más de 150 días prófugo, acusado de los delitos de peculado, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, una vez que se concluya el proceso de extradición y se lleve a cabo, Javier Duarte sería recluido en un penal federal en la Ciudad de México o el cuál definan las autoridades.

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“No sería necesario trasladar de una cárcel a otra a Duarte ya que las audiencias se realizarían por videoconferencia, como ya han sido aprobadas por la Procuraduría, por lo que podrá enfrentar los cargos que se le imputan en Veracruz sin riesgos de fuga”, señala.

Por último, indicó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no podría aplicar al caso del exmandatario veracruzano ya que éste no ha sido homologado.

Asimismo, el hecho de que haya aceptado la extradición para enfrentar la justicia en el país, no le trae ningún beneficio como una reducción en su pena, que podría alcanzar hasta los 15 años.