Estados modifican a modo las disposiciones del SNA

Estados modifican a modo  las disposiciones del SNA
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Una decena de Congresos estatales establecieron diversas disposiciones en sus Sistemas Locales Anticorrupción que pondrían en riesgo el funcionamiento de estos y la credibilidad de las instituciones.

Las 32 entidades del país ya realizaron sus reformas Constitucionales y 29 cuentan con Ley del Sistema Local Anticorrupción, sin embargo, en éstas últimas, algunas han recibido observaciones por parte de organizaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y la Coparmex, quienes realizan el Semáforo Anticorrupción.

Baja California, Tabasco, la Ciudad de México e Hidalgo agregaron disposiciones en sus sistemas que han sido consideradas como preocupantes por las organizaciones.

En el caso de Tabasco, la legislatura local no estableció la obligación explicita de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses —conocida como 3 de 3— para los funcionarios de la entidad, por lo que seguirá siendo opcional como hasta ahora.

El nombramiento del Secretario Técnico de la Ciudad de México se hará contra las normas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que establece un proceso de selección por parte del Comité Ciudadano, sin embargo, esta tarea será asumida por la Asamblea Legislativa.

Además, los legisladores de la CDMX eliminaron las disposiciones que establecían que el secretario no debe formar parte de un partido político o haber sido funcionario por elección popular en al menos cuatro años.

En Hidalgo, al Comité Coordinador se agregaron 5 contralores municipales, a diferencia del SNA que sólo hay titulares de dependencias federales y del Comité Ciudadano, que tendrán derecho a un voto que se toma por mayoría, por lo que se pone en riesgo el consenso en caso de que se ausente un contralor.

“La Reforma de Baja California es deficiente principalmente por la conformación de su Comité de Participación Ciudadana que es de 15 miembros, de los cuales 11 forman parte del Comité Coordinador”, menciona el análisis del IMCO.

No obstante, otras legislaturas han causado polémica en los nombramientos de los magistrados anticorrupción, que si bien no contravienen las leyes locales, han sido criticados por un posible sesgo partidista como en Sonora y Nayarit.

En el primero, los diputados nombraron como magistrados anticorrupción a Ricardo García Sánchez, excoordinador de asesores del PRI en el Congreso local; Marisol Cota, quien aún era consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; y Rosa Mireya Félix, exmagistrada del Tribunal Estatal Electoral.

En tanto, el Congreso de Nayarit avaló los nombramientos de exfuncionarios de la actual administración como los magistrados encargados de aplicar la ley.

Critican falta de voluntad para concluir ley

Los problemas por los que ha atravesado el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel de la Federación y las entidades del país es ejemplo de que la clase política carece de voluntad para luchar en contra de esta problemática que provoca pérdidas cercadas al 10 por ciento de las finanzas públicas.

Así lo afirmó la Arquidiócesis de México en la editorial Corrupción y negligencia de su semanario Desde la Fe,donde destaca las insuficiencias del proceso legislativo para la conformación de la legislación y la inoperatividad que ha estancado el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

“Este Sistema Nacional Anticorrupción entra en vigor con graves carencias (…) El sistema nace sin voluntad de la clase política. Con esta negligencia surge inevitable una pregunta: ¿por qué la clase política se resiste a terminar con la corrupción? ¿Será porque se ha convertido en su motor?”, subraya el texto.

Los representantes de la Iglesia criticaron que después del anuncio que significó la creación del Sistema Anticorrupción en mayo de 2015, el Congreso poco ha hecho para nombrar al Fiscal Anticorrupción.

Luis Alberto Alonso