Expertos no ven razón para limitar ley 3de3

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Por:
  • jose_manuel_flores

La ley 3de3, una propuesta ciudadana para combatir la corrupción en el país, no debe estar sujeta a limitaciones que traten de imponer los partidos políticos, demandaron expertos consultados por La Razón, para quienes aspectos como modificar la redacción, o planteamientos en materia de seguridad no son causas suficientes para no aprobarla.

Actualmente estacionada en el Senado de la República, donde se discute en comisiones, la iniciativa fue originalmente promovida por ciudadanos y por la academia. Requería 120 mil firmas para ser analizada; sin embargo, recabó 634 mil 143.

De manera general, la ley establece que funcionarios públicos transparenten tres declaraciones: patrimonial, intereses y fiscal. La primera es una lista de bienes, la segunda es de actividades profesionales y empresariales y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado; y la tercera es el comprobante de que el declarante ha cumplido con su pago de impuestos.

Sin embargo, las distintas fuerzas políticas en la cámara alta han planteado observaciones que han frenado su aprobación. Una de ellas versa en el sentido de que el servidor público y sus familiares pueden enfrentar problemas de inseguridad al dar a conocer sus declaraciones patrimoniales, así como sus domicilios.

Al respecto, expertos apuntaron que dicho planteamiento no puede ser una limitante para aprobar un proyecto que estuvo considerado desde el segundo periodo ordinario de sesiones, el cual concluyó el pasado 30 de abril.

“Es importante señalar que los formatos que les presentó (a los partidos) transparencia mexicana con el acompañamiento del Imco (Instituto Mexicano para Competitividad) y demás organizaciones que han estado apoyando esta ley, son formatos que recogen las mejores prácticas internacionales”, dijo Horacio Vives, especialista en temas de política nacional.

El también doctor en Ciencia Política abundó que “más que argumentos, que para algunos pudieran ser entendidos, parece una serie de pretextos. Está delimitado hasta donde están los alcances de la publicidad de las tres declaraciones”.

En tanto, José Roldán Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refirió que no debe haber temor pues aun cuando se está transparentando la información patrimonial, se respeta la protección de datos personales.

“La ley 3de3 sigue ese fundamento, por una parte un principio de publicidad, pero por otra parte también el resguardo de aquello que se considere como datos personales”, sostuvo.

El pasado 28 de abril cuando el PRI y el PVEM acortaron la iniciativa de ley, con el argumento de que se deja a consideración de los funcionarios incluir montos y detalles en su declaración patrimonial, y no se establece como una obligación.

Pero, a decir de Roldán Xopa, lo anterior tampoco puede ser mal visto, ya que de aprobarse con esa limitante, la sociedad podría medir la voluntad del funcionario en el ejercicio de la transparencia: “Tenemos un margen para valorar qué servidor público es más proactivo, o qué servidor público se queda en el mínimo”.

Los especialistas sostuvieron también que las condiciones están dadas no sólo para que se apruebe la ley 3de3, sino el paquete de 7 leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, antes del 28 de mayo.

“El contenido de esta ley ciudadana ya la conocían de semanas atrás. Hubo muchas reuniones de trabajo por parte de representantes de la sociedad civil que llevaron los contenidos de cómo iba a ser la iniciativa. La estuvieron discutiendo, incluso hubo sesiones de parlamento abierto”, recordó Vives.

Aún con ello no está claro si será posible que ese paquete lo apruebe el Senado, ya que las diferentes fuerzas políticas han realizado señalamientos también sobre éste.

El PRI, al concluir el pasado periodo de sesiones, ha subrayado que el PAN-PRD tiene mayoría en el Senado para sacar las reformas. La oposición, por su parte, ha cuestionado al tricolor y ha exigido que se aprueben los proyectos originales de ley. La Comisión Permanente, encargado de convocar al periodo extraordinario de sesiones para que se apruebe la ley no lo ha hecho con el argumento de que no existe una minuta sobre la cual se vaya a discutir.

“Ya vamos demasiado tarde porque el problema de la corrupción es algo que está en la discusión pública y (la aprobación de las 7 leyes reglamentarias) es uno de los primeros elementos de juicio que tienen los ciudadanos con la clase política tan desprestigiada actualmente”, puntualizó Vives.