Figura de colaborador eficaz va a caso Iguala

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que se implementará una política de incentivos para quien aporte información sobre el caso Iguala, incluidas las personas que se encuentran privadas de la libertad, con lo que se recurre al “colaborador eficaz” usado en otras comisiones similares.

“Se diseñarán los lineamientos para la implementación de medidas de protección o de colaboración eficaz para aquellas personas que apoyen en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos”, aseguró ayer durante la instalación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa.

Con esta afirmación, Encinas coincidió con lo establecido en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de 2018, el cual señala que al dar dicha protección “se debe cuidar que no se afecte la legalidad de las pruebas a obtener, salvaguardando la probidad, independencia e imparcialidad con que deben conducirse quienes proporcionen información”.

Encinas Rodríguez explicó que el objetivo de la comisión es conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en 2014, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, “sean quien sean”, para que los hechos no queden impunes, así como garantizar a las víctimas y sus familiares el ejercicio de sus derechos humanos.

El funcionario explicó que se parte de la premisa de que “la verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa”, pues aún no se esclarece lo sucedido.

Más tarde, en entrevista, Encinas apuntó que se buscará que las autoridades investiguen a funcionarios que alteraron las diligencias del caso y, a pregunta expresa, indicó que si la indagatoria conduce a ello, también el expresidente Enrique Peña Nieto será sometido a investigación.

Por su parte, la titular de la Segob, Olga Sánchez, puntualizó que se debe dar paso a la aplicación de la justicia a los responsables de los hechos, “sin importar quiénes hayan sido, ni qué cargos ocupaban”.

Durante la instalación de la comisión, Sánchez Cordero señaló que no se parte de cero, pues hay avances importantes de las investigaciones previas. Sin embargo, dijo que se descartarán los elementos falsos o incorrectos para corregir lo que se hizo de una manera indebida o faltando al debido proceso, pero aclaró que “no significa que estemos a ciegas”.

La comisión estará integrada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el canciller Marcelo Ebrard; el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera; cinco padres de los estudiantes desaparecidos; Santiago Aguirre del Centro Miguel Agustín Pro; Vidulfo Rosales, abogado de los padres; Humberto Rosales, de Fundar, y Miguel Álvarez Gándara, de Serapaz. El secretario técnico será Félix Santana Ángeles.

La comisión sesionará una vez al mes, a partir del miércoles 23 de enero. Entre sus tareas inmediatas se encuentra establecer una interlocución política con titulares de dependencias federales y locales.

El Dato: Las comisiones de la Verdad son organismos cuya finalidad es atender “los grandes problemas nacionales y emitir opiniones”.