GIEI deja 20 recomendaciones a la Procuraduría antes de irse

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Iguala pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) “investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa” y cambiar la versión pública sobre la desaparición de los 43 jóvenes.

Además, refieren, “se deben evitar interferencias de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la investigación que debe ser dirigida únicamente por parte de la oficina de investigación del caso bajo la Subprocuraduría de Derechos Humanos”.

El grupo entregó 20 recomendaciones a la dependencia que encabeza Arely Gómez, en las cuales menciona que debe indagar “la falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia en diferentes momentos de la investigación. Se necesita investigar, tomando en cuenta la evidencia presentada por el GIEI, la actuación de los funcionarios que aparecen en el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla del Río San Juan”.

En otro punto, los expertos indican: “En abril de 2016, es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto: a) las motivaciones de los normalistas, b) el desarrollo de los hechos, y c) la falta de claridad sobre el destino de los normalistas”.

Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox aseguraron que para llegar a la verdad en el caso Iguala se debe crear una oficina de investigación específicamente para indagar la desaparición de los normalistas que dependa del área de derechos humanos de la PGR.

A través de su último comunicado, los integrantes de este grupo que permanecieron durante 12 meses coadyuvando con la PGR en la investigación sobre lo jóvenes guerrerenses señalaron que esperan que los hallazgos y líneas de investigación propuestas, así como las recomendaciones estructurales respecto a la procuración de justicia, fortalezcan el Estado de derecho y la lucha contra la impunidad.

“Es momento de que la Procuraduría General de la República cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos importantes ya probados y señale que no existe certeza sobre el destino de los estudiantes”, dijo el grupo en su comunicado.

Insistieron en la necesidad de continuar con la búsqueda de los normalistas; garantizar el diálogo y la atención a las familias; aclarar la actuación de la Policía Federal, el Ejército y otras corporaciones de seguridad; e investigar tanto la tesis del tráfico de heroína como posible móvil del crimen al igual que todas las denuncias de posibles torturas y otras violaciones a los derechos humanos.

Destacaron que debe realizarse una indagación profunda sobre los involucrados en la recolección de evidencias en el Río San Juan, donde presuntamente fueron arrojados los restos de los jóvenes y pidieron que se aclare tanto la destrucción de algunas evidencias como la aparición repentina de otras.

Además sugirieron unificar las distintas causas penales y evitar la fragmentación del caso, analizar aspectos pendientes como las comunicaciones telefónicas, investigar denuncias por malos tratos o tortura a los detenidos y actualizar la “narrativa” de lo ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, con base en los hallazgos de sus informes.

Señalaron que confían en que el mecanismo de seguimiento que anunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir de cerca las investigaciones del caso Iguala, contribuya a mantener la atención internacional “en este caso que ha conmovido a México y el mundo”.

Iglesia: se entró

en nueva etapa

La Arquidiócesis de México, que encabeza el arzobispo Norberto Rivera, consideró que el caso Iguala entró a una nueva etapa, por lo que las autoridades deben dar un giro drástico y ofrecer verdades contundentes.

En su editorial Decadencia legal, el Semanario Desde la fe establece que no se debe actuar por inercia debido al cansancio y al descrédito.

“El tiempo pasa y los 43 son foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos. Este caso nos muestra que los cambios en el sistema de justicia son inaplazables para reconstruir la confianza, porque muchos mexicanos no están de buen humor ante la encrucijada que pretende solapar a pocos contra el fortalecimiento del Estado de derecho común a todos”, señaló.

Sobre el trabajo que realizaron los integrantes del GIEI indicó que “llegó a su fin con más preguntas que respuestas”.

Agregó: “El segundo informe del GIEI mueve a la reflexión al preguntar qué tan efectivamente somos respetados todos los mexicanos en cualquier proceso penal”.