No hay cambio mayor a propuesta inicial: analistas

El acuerdo al que llegó la Iniciativa Privada (IP) y el Gobierno federal en materia de subcontratación no es un cambio profundo a la propuesta que presentó el Ejecutivo federal para desaparecer esta modalidad de contratación el año pasado; además, resulta anticonstitucional, por lo que se prevén amparos, dijeron expertos.

Alejandro Avilés, analista privado, comentó que el problema de la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que no se define qué se debe entender por “especialidad” en la subcontratación, lo que puede provocar discrecionalidad en los permisos que otorgará la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Refirió que todas las empresas deben acatar la reforma, estén o no en condiciones de hacerlo, pues de lo contrario, se harán acreedores a multas que van de dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin demérito de otras sanciones administrativas.

Al respecto, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), manifestó que el acuerdo como tal prohíbe la subcontratación, la abusiva y la legal, y atenta contra el artículo 5 constitucional, que establece que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. “Es de esperarse amparos al respecto”.

Avilés Gómez indicó que lo pactado en Palacio Nacional fue político, y habría que esperar la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación y de reparto de utilidades, para determinar si existe o no una violación a la Constitución.

La IP se mostró tranquila respecto a lo pactado. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que en el reparto de utilidades se evitarán posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, al crearse dos modalidades para el cálculo del reparto: con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

Dijo que se acordaron adecuaciones, como la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de esta práctica de servicios especializados.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) explicó que se incrementó de 22 días la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU) a 57 días.