Historias de un taxi

Tras la llegada de Uber a México en agosto de 2013, se ha desatado un conflicto entre los prestadores de dicho servicio y el gremio de taxistas, que cada vez toma proporciones mayores. Mientras que para muchos esta aplicación –la cual permite solicitar el servicio de un chofer privado a través de un teléfono inteligente con cargo a una tarjeta de crédito- resultó una excelente opción de movilidad y transporte, para los taxistas se convirtió en una verdadera piedra en el zapato.

Diversas organizaciones de taxistas se han manifestado ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México.

Ante estas acciones, en redes sociales se han promovido diversos movimientos a favor de la operación de Uber, por medio del hashtag #UberSeQueda o con la recaudación de firmas a través del portal change.org en apoyo a la causa “Alto a la persecución de Uber”, por mencionar algunos.

Y es que las posturas resultan totalmente contrarias. Por un lado, los taxistas argumentan que dichos servicios son ilegales, que no pagan impuestos y que son inseguros para los usuarios por no contar con un seguro adecuado en caso de siniestro. Por otro lado, la PGJDF y el INVEA consideran que dichas unidades funcionan de forma irregular al prestar un servicio de transporte de pasajeros sin tener la concesión o el permiso correspondiente. Y por su parte, Uber se presenta a sí mismo como una aplicación que conecta a conductores con usuarios que necesitan viajar, en donde el trato se hace entre entes privados.

Pero seamos sinceros, ¿de cuándo acá los taxistas se han mostrado tan preocupados por la seguridad del pasajero, por que no sean víctimas de un asalto a bordo de una unidad, por que recuperen alguna pertenencia olvidada, o por que se aplique una tarifa justa? La realidad es que no se trata de una disputa legal –como agremiados y autoridades quieren aparentar-, sino política.

Los sindicatos y asociaciones de taxis (como muchos otros gremios) se han convertido en grupos clientelares, con quienes partidos y funcionarios negocian prebendas y beneficios, a cambio de su valioso apoyo en las urnas. De igual forma, las autoridades sienten pasos en la azotea, pues la forma de operar de Uber implica dejar de recibir valiosos recursos por concepto de “mordidas” asociadas al tortuoso proceso burocrático para obtener placas y permisos para un taxi autorizado.

En cuanto a Uber, sólo diré que lo que se ve no se juzga. Para la mayor parte de los usuarios (entre los que me incluyo), esta aplicación resulta una excelente opción de transporte que brinda seguridad, calidad en el servicio y tarifas adecuadas. El sistema de evaluación mutua entre choferes y usuarios inmediatamente después de concluir un viaje, incentiva a los primeros a mantener sus unidades en buen estado y ofrecer un buen servicio, y a los segundos a comportarse a la altura, con lo que se genera un círculo virtuoso que al parecer genera mucho mejores resultados que los sistemas habituales con los que se regula a los taxis convencionales.

En lugar de sobrerregular esta opción de transporte y llevarla al mismo limbo en el que se encuentran taxis, microbuses y metro, una medida adecuada sería que las autoridades adoptaran algunas de las buenas prácticas que han vuelto tan popular y bien aceptada esta aplicación, y las incorporaran en el funcionamiento y regulación de los taxis convencionales que, al fin y al cabo, siguen siendo los más usados por la mayoría de las personas. Esa sí sería, sin duda, faena de orejas y rabo por parte de las autoridades.

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