Impulsan blindaje para mantener TEPJF plural

Impulsan blindaje para mantener TEPJF plural
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Para ampliar la permanencia en el cargo de cuatro de los nueve magistrados electorales que fueron designados el jueves pasado, los coordinadores del PRI, PAN, PRD y PVEM en el Senado, Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Miguel Barbosa y Carlos Puente, respectivamente, presentaron una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La ampliación de periodos pasaría de tres a siete años y de seis a ocho años. Estas reformas beneficiarían a los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe Fuentes Barrera, cuyos encargos se ampliarían a ocho años, así como a Idalfer Infante y José Luis Vargas, cuyo periodo pasaría a siete años.

Con la iniciativa, que también impulsan el panista Fernando Yunes, la priista Ivonne Álvarez y la perredista Angélica de la Peña, se reformaría el artículo 4º de las disposiciones transitorias de las leyes Orgánica del Poder Judicial y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el que se establece el sistema de escalonamiento en la elección de los siete nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En tanto, los magistrados Felipe de la Maza Pizaña, Mónica Soto Fregoso y Janine Otálora ejercerán sus cargos en los mismos términos en los que fueron elegidos por el Senado. Es decir, concluirán sus cargos hasta el 31 de octubre de 2025.

En la propuesta de los coordinadores parlamentarios se argumenta que con la ampliación del plazo “se favorecerá la pluralidad de los criterios que conformarán dicha instancia jurisdiccional, lo que mejora la calidad en las resoluciones de la misma”.

Agrega: “el escalonamiento en dichas designaciones resulta toral para la composición de un tribunal plural, cuyo funcionamiento sea óptimo, pues es el mecanismo mediante el cual se facilita que la experiencia adquirida por los integrantes más antiguos se transmita a los más recientes”.

Sostiene que esta ampliación de periodos “permite la evolución de los criterios jurisprudenciales, sin llegar al extremo de que la nueva composición derive en un cambio tajante de los mismos, pues este extremo únicamente propiciaría la inseguridad jurídica”.

Señala que “en la medida en que se propicie la independencia judicial, se garantizará a los justiciables que la labor de los tribunales se ejercerá con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin acatar o someterse a indicaciones o instrucciones de sus superiores jerárquicos, o de entes ajenos al Poder Judicial que tengan algún interés en el asunto”.