infundadas e irresponsables palabras de Urrutía: STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rechaza categóricamente las declaraciones infundadas e irresponsables del depuesto dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, en el sentido de que es una simulación por parte de autoridades federales el fallo del Poder Judicial de la Federación sobre la no existencia de las relaciones laborales en la mina de Cananea.

Es importante subrayar que todas y cada una de las actuaciones de la STPS están perfectamente acreditadas, apegadas estrictamente a derecho, y respetando, en todo momento, la autonomía sindical.

La STPS reitera que el señor Napoleón Gómez Urrutia no cuenta con una acreditación legal y moral para hablar sobre el asunto de Cananea, toda vez que le fue negada la toma de nota por esta dependencia al incumplir los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, pues nunca fue trabajador minero. Además de ser un prófugo de la justicia y enfrentar un proceso de extradición.

Resulta incongruente que el señor Gómez Urrutia afirme que la mina, los equipos y maquinaria estén en perfectas condiciones para ponerse en funcionamiento luego de 30 meses de abandono de las instalaciones, registrándose destrucción del equipo, vandalismo, pillaje y deterioro, como lo reconoció en su dictamen la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, en marzo de 2009; luego de realizar una inspección en la empresa para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como concesionaria e identificar una causa de fuerza mayor no imputable a la empresa.

Al respecto, es importante señalar que existen más de 160 denuncias penales presentadas por la empresa por robo y daño en propiedad ajena, principalmente.

A su vez, el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que aprobó la terminación de las relaciones de trabajo en Mexicana de Cananea S.A, fue confirmado por el Poder Judicial de la Federación, a través del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Es importante señalar antes de que se resolviera judicialmente esta controversia, todos los intentos conciliatorios de la autoridad resultaron infructuosos, ya que siempre se antepuso a cualquier posible arreglo el pago de 100 millones de dólares por un supuesto “daño moral”, el retiro de las órdenes de aprehensión y el desistimiento de todos los juicios que hoy pesan sobre el ex secretario general del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, por el mal uso de 55 millones de dólares que pertenecen a los trabajadores mineros.

Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social manifiesta que la política laboral del gobierno federal en todo momento se ha conducido con estricto apego a la legalidad, absoluto respeto a la autonomía sindical, transparencia y diálogo social; tutelando invariablemente los derechos de los trabajadores, por lo que rechaza categóricamente que exista cualquier tipo de agravio o agresión al sindicalismo, cuando el compromiso ha sido siempre mantener el equilibrio entre los factores de la producción. Así lo han acreditado las resoluciones que sobre estos temas ha emitido el Poder Judicial de la Federación.

Respecto al tema de Pasta de Conchos, la STPS reitera que pretender ingresar a esta unidad productiva, dadas las condiciones de inseguridad que prevalecen, sería absolutamente irresponsable.

Como ya se ha explicado en innumerables ocasiones, la STPS carece de competencia alguna para ordenar o permitir dicho ingreso y además reprueba y descalifica cualquier acción tendiente a poner en riesgo la vida de más personas.

Asimismo, es importante señalar que esta dependencia cuenta con más inspectores federales del trabajo y mejor capacitados para vigilar esta rama de la industria. En el año 2006, en el estado de Coahuila se contaba con 11 inspectores y actualmente hay un total de 19.

La STPS mantiene continuamente operativos específicos en la industria carbonífera para constatar el cumplimiento de la nueva normatividad laboral en la materia. En Coahuila, entre los años 2007 y 2009 se realizaron más de 260 inspecciones, sancionándose a un total de 130 empresas mineras.

Por cuanto a las declaraciones del Obispo de Saltillo, Monseñor Raúl Vera López, quien cuestiona la actuación de esta dependencia, la STPS estima que éstas son juicios de valor, basados en conjeturas que carecen de sustento técnico, científico y legal. Si él contará con estudios serios sobre el asunto, lo lógico sería que los presentara ante las autoridades competentes, lo cual no ha sucedido después de cuatro años de la tragedia.

Resulta totalmente contradictorio que considere que la autoridad muestre desprecio por la vida humana cuando precisamente lo que esta Secretaría y su titular han sostenido reiteradamente es que dadas las condiciones de inseguridad que prevalecen en la mina no debe ponerse en riesgo más vidas.