La CNDH pide avalar bodas gay en el país

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vía el ministro José Ramón Cossío, atrajo ayer una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que podría reconocer en todo el país el derecho de las personas a contraer matrimonio con parejas de su mismo sexo.

Tomando como referencia la propuesta firmada por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, el pasado 7 de mayo, se pide al máximo tribunal invalide el artículo 260 del Código Civil de Jalisco en el que la CNDH pide a los ministros invalidar que “para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan contar con cuando menos dieciocho años de edad”.

En la acción 28/2015 indica que “se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hace valer”.

Para la CNDH este artículo “excluye a las parejas del mismo sexo, ataca directamente el derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad”.

“Del texto de la norma impugnada se deriva una notoria exclusión de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, por ende el legislador crea un estigma a las modalidades no tradicionales del ejercicio de este derecho, basado en una apreciación que no tiene sustento constitucional”, agrega el documento.

Si bien el proyecto de José Ramón Cossío se perfila a buscar los votos a favor de esta acción de inconstitucionalidad, el artículo a discutir fue incorporado al Periódico Oficial del Gobierno del estado de Jalisco, el pasado 4 de abril, lo que representa una dificultad para discutirlo, pues el plazo para solicitar una acción de este tipo es de 30 días hábiles a partir de su publicación.

Aunado a esto, hay que considerar que para tomar una medida como ésta, se necesita la votación mayoritaria de cuando menos ocho de los 11 ministros del pleno de la SCJN.

Esto indica que Cossío tendrá que apresurarse a que la votación se realice antes de noviembre próximo, cuando terminan sus cargos como ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes con frecuencia apoyan sus proyectos.

De eliminar este artículo, el máximo tribunal sentaría un nuevo precedente de igual importancia al que emitió en agosto de 2010, cuando validó las reformas al Código Civil en el Distrito Federal, que permiten a las parejas gay adoptar niños.