La Corte declara improcedentes consultas de reforma energética

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedente e inconstitucional las consultas populares solicitadas por Morena y el PRD, en torno a la reforma energética.

Nueve de los 10 ministros avalaron los proyectos de las ministra Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, quien advirtió que la consulta está relacionada directamente con el ingreso del Estado.

Recordaron que este es un tema que está prohibido o vedado para una consulta pública, según lo establece el artículo 35 de la Constitución de la República.

El ministro Mario Pardo justificó la abrumadora mayoría advirtiendo que la Corte no restringe la realización de la consulta pública, sino que sólo interpreta los establecido ya en la Constitución.

“Esta Suprema Corte no otorga ni prohíbe el ejercicio de este ejercicio, reconocido en la Constitución, pero también en el propio texto constitucional se le han puesto prohibiciones, restricciones al ejercicio de este derechos que tenemos obligación de observar”, dijo Pardo.

El análisis de los expedientes 1/2014 y 3/2013 preveía determinar la constitucionalidad o no de las consultas populares solicitadas por Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia nacional del PRD.

Las preguntas advertían: "¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos a nacionales o extranjeros para la exploración del petróleo? y ¿Estás de acuerdo en qué se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?

Los ministros que hicieron la abrumadora mayoría coincidieron en ambos casos en que ambas preguntas están íntimamente relacionadas con el tema de los ingresos del Estado Mexicano.

Incluso, el ministro Alberto Pérez Dayán puso de ejemplo el reciente paquete de Ingresos discutido en el Congreso de la Unión, donde el establecimiento del precio del petróleo fue determinante para su aprobación porque representa la mayor fuente de ingresos para el Estado Mexicano.

“Es este ejemplo el que a mí me permite concretar, convencerme de que el tema de la explotación petrolera configura un capitulo principal en el financiamiento de estado y por tanto colmando en su totalidad lo que para mi es el concepto de ingresos que siempre ha tenido el constituyente”, dijo.

Al respecto, la ministra Margarita Luna Ramos aseguró el otorgamiento de contratos por parte del Estado en materia energética es una situación que incide directamente con lo inscrito en varios artículos de la Constitución, cuya reforma no es materia de la consulta.

“No es posible que la consulta nos lleve a la posibilidad de una reforma porque el artículo 135 nos establece un régimen específico de reforma constitucional que debe seguirse un procedimiento especial y que si la consulta va a tener como objeto esta posibilidad tendría que estar de manera específica en la Constitución como la posibilidad de ser un medio de reforma lo cual no establece en el artículo 135”, dijo Luna Ramos.

El único de los ministros que votó contra el proyecto fue José Ramón Cossío.

En defensa de su proyecto y a manera de consuelo, la ministra Olga Sánchez dijo que en torno a la reforma energética se tuvieron otros mecanismo que pudieron hacerse valer para echarla abajo, como las acciones de inconstitucionalidad, “pero hasta donde yo tengo entendido no se hicieron valer”.