Viernes 4.12.2020 - 02:35

El morenista 

Ramírez Cuéllar pide aprobar iniciativa sobre outsourcing

Aseguró que así se beneficiaria a 71 millones de personas que no cuentan con seguridad social

RAMIREZ
Alfonso Ramírez Cuéllar.Foto: Archivo.
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El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar hizo un llamado a los grupos parlamentarios para aprobar la Reforma sobre subcontratación laboral o outsourcing porque obligará a las empresas a cumplir con las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Infonavit, lo que beneficiará a alrededor de 71 millones de personas que no cuentan con seguridad social.

Afirmó que ésto significará un gran avance en materia fiscal y laboral, ya que permitirá un mayor control a las empresas dedicadas a la facturación falsa y a la evasión fiscal evitando las deducciones falsas, la no retención y el no enterar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; además de hacer cumplir las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Infonavit.

Detalló Ramírez Cuéllar que en México se calcula que existen alrededor de mil 200 empresas con subcontratación ilegal cuyos trabajadores no cuentan con derechos laborales ni con la declaración del monto real de sus salarios; a esto se suma que menos de la mitad se encuentran registradas debidamente y de las que cuentan con registro.

"De acuerdo con el Censo Económico 2019 del INEGI, en los últimos años se ha incrementado la práctica del outsourcing pasando de 3 millones 578 mil 247 personas contratadas bajo esta práctica en 2014 a 4 millones 685 mil 356 en 2019; lo que implica una tasa de crecimiento media anual de 5.5 por ciento", destacó el diputado federal.

El morenista señaló que el outsourcing, muchas veces, es aprovechado como mecanismo de simulación para la contratación en perjuicio de los derechos de los trabajadores, que repercute directamente en la eliminación de diversas prestaciones, así como la evasión del pago de cuotas de seguridad social y del pago de impuestos.

"Sólo una pequeña parte paga impuestos, por lo que la subcontratación laboral se ha convertido en un problema público que representa pérdidas al erario y a los derechos de los trabajadores", apuntó.

Datos del Censo Económico 2019 arrojan también que muchas empresas de subcontratación incumplen con sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, afirma que la subcontratación laboral tiene como finalidad reducir costos mediante la evasión fiscal al simular actos que tienen efectos fiscales y al ocultar o disimular relaciones laborales.

Explicó que el outsourcing afecta principalmente en la evasión del Impuesto Sobre la Renta, con deducciones falsas, retener y no enterar, además al Impuesto al Valor Agregado que es un acreditamiento indebido y se estima que las empresas que subcontratan ilegalmente evaden cerca de 21 mil millones de pesos anuales.

"Lo anterior, perjudica de diversas maneras al país. Se reduce la capacidad del gobierno para la prestación de servicios públicos, servicios de salud, de pensiones y vivienda. Al respecto, se estimó que los 21 mil millones anuales equivalen a construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades médicas de primer nivel de atención", puntualizó Ramírez Cuéllar.

También detalló que el outsourcing afecta a las cuotas del IMSS e Infonavit, ya que genera que las y los trabajadores tengan menor capacidad de crédito, en algunos casos se ven obligados a postergar dicha decisión; o una vez otorgado el crédito la capacidad de pago de la persona trabajadora es limitada. También influye en los servicios médicos a las que las personas trabajadoras tienen derecho.

“Esto merma los derechos de los trabajadores y ha contribuido a la precarización del trabajo en nuestro país. Adicionalmente, la falta de pago de las citadas cuotas impacta de manera negativa las arcas del erario, del IMSS e Infonavit", agregó.

El diputado federal también se refirió a los cuestionamientos sobre la posibilidad de que la reforma viole los compromisos señalados en el T-MEC, y afirmó que de aprobarse, se cumplirá con las exigencias del mismo para mejorar las condiciones de los trabajadores, además cerrar una primera etapa de justicia laboral que integró una nueva política de recuperación de aumento a los salarios mínimos, un nuevo sistema laboral y la democratización de los sindicatos y de los contratos colectivos, lo que coadyuvará a dar cumplimiento a los compromisos firmados por nuestro país.