“No me va alcanzar”, el drama de las personas que fueron despedidas en la pandemia

Otra noche. Laura nuevamente no puede dormir. Hace más de dos meses que el estrés la consume. El dinero se le acaba. Sus ahorros y un finiquito —que dijo, no corresponde a la ley— se le terminan. “Esta pandemia se está extendiendo, no me va alcanzar, mi papá no tiene trabajo, a mi hermano también lo despidieron. ¿Qué voy a hacer ahora?”, se pregunta de forma recurrente.

Se ha visto obligada a tomar medicamento para conciliar el sueño, disipar la bruma que vino de golpe con la pandemia por la COVID-19. Antes de eso, Laura trabajó por años en el corporativo de Grupo Dival, operadora de Hooters de México y Romano's Macaroni Grill. En marzo pasado a ella y a más de 50 personas les obligaron a renunciar, y así darles un finiquito por uno o dos meses de sueldo, en lugar de liquidar su relación laboral conforme a la ley, según contó.

En entrevista con La Razón, Laura —cuyo nombre fue cambiado a petición de ella—, dijo que mucha gente le pidió a los directivos de Grupo Dival que no les pagaran durante la cuarentena, pero que por favor, no los despidieran. Pero fue en vano: les retuvieron la quincena, luego les dieron un cheque con la promesa de volverlos a contratar cuando el confinamiento termine. Así fue como muchos vieron años de dedicación, de malpasadas y de “ponerse la camiseta” desvanecerse.

Como Laura, al menos 344 mil 526 personas fueron dadas de baja —en mayo— del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Un dato que ayuda a entender el número de despidos que ha dejado la pandemia, no obstante, esto es apenas la punta del iceberg, pues la Secretaría del Trabajo no ha emitido un informe actualizado sobre el recuento de los daños, sumado a que las estimaciones del sector informal se calcula que sean atroces.

En CDMX la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo estimó el pasado abril que había al menos 123 empresas que despidieron a sus empleados en plena emergencia sanitaria.

Laura no ha parado de buscar trabajo, pero también tiene miedo de salir y contagiarse de COVID-19. Le estruja el estómago ir a alguna entrevista, exponerse y es ahí cuando se cuestiona: “¿Y si salgo y contagio a mi papá?”

“Las pocas ofertas de trabajo que hay son de mucho menos de lo que yo ganaba, y he aplicado, pero ni siquiera en esas quedo; hay mucha gente en mi situación”, contó Laura.

Ella y varios de sus compañeros intentaron denunciar estos hechos el pasado 27 de marzo. Inicialmente fueron a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), y quisieron demandar, pero no siguieron los trámites porque las Juntas de Conciliación y Arbitraje en Ciudad de México cerraron como medida preventiva ante la COVID-19.

Ana —su nombre también fue cambiado—, fue una empleada de Pizza Hut (Expertos en Restaurantes S de RL de CV) que se ubica al poniente de CDMX. Ella también está a la espera que las autoridades laborales retomen su caso, pues contó que fue obligada a renunciar luego que a principios de la pandemia —en marzo pasado— sufrió un ataque de pánico.

“Hubo un momento donde les dije que no me obligaran a decir algo que no quería, que estaba en una situación de salud mental donde yo no puedo tomar una decisión. (...) Me amenazaron con bajarme el puesto y cambiarme a una tienda muy lejos, en ese momento yo les dije que sí firmaba la renuncia”, contó Ana.

Su cita ante la Secretaría del Trabajo local fue el 13 de marzo, sin embargo, su caso sigue a la espera de tener resolución, pues aseguró que cuenta con todas la evidencias para demostrar tiene un padecimiento de salud mental. “Aferentización disminuida la corteza cerebral excitabilidad neuronal focalizada”, dice uno de sus estudios médicos, cuya copia está en poder de La Razón.

La Secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, ha estado en cerca de 25 conferencias —mañaneras y vespertinas—; sin embargo, entre marzo y junio ha dedicado menos de una hora para hablar de abusos laborales, denuncias, juicios laborales, despidos, inspecciones y empresas sancionadas.

El último informe completo que se dio sobre estos temas ocurrió el pasado 8 de abril. Cuando la dependencia detectó 346 mil despidos, y se dio detalle de cuáles eran las empresas que estaban cortando sus plantillas laborales.

La Razón solicitó una actualización sobre estos datos a la Secretaría del Trabajo, pero al corte de la edición no hubo respuesta.

Por ahora faltan esos datos, pero antes de la pandemia incluso se realizaba un reporte diario sobre las denuncias de abusos laborales que llegaban por Twitter, Facebook e Instagram. Aquel informe se le entregaba todas las mañanas a la Secretaria Luisa María Alcalde y ella a su vez le informaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues era un tema de prioridad, contó una fuente.

Para Saúl Valladares, abogado laboral, los casos por abusos comienzan a acumularse, según dijo. Todos tienen algunas características similares: la primera, que las empresas les obligaron a firmar su renuncia, por ende los finiquitos no corresponden a la ley; la segunda es que la causa del despido formal está mal argumentada, y él considera que puede ganar los casos.

En Ciudad de México la mayoría de Juntas de Conciliación y Arbitraje reabrieron sus puertas el pasado mes de abril, pero actualmente solo se están atendiendo casos de despidos conforme a la ley —fuera y dentro de juicio— y recientemente adecuaron las demandas online, según informaron abogados laborales consultados para este reportaje. Pero las personas despedidas que se quejan de ilegalidad aumentan, y el dinero que pudieron conseguir en los finiquitos o de sus ahorros  —en el mejor de los casos—, se va terminando conforme avanza la pandemia.