Niega Hacienda ser parte de multa a Morena

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó tener algo qué ver con la multa que el Instituto Nacional de Electoral (INE) impuso a Morena por 197 millones de pesos, debido a presuntas irregularidades en el fideicomiso Por Los Demás para damnificados.

En entrevista en el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, el secretario José Antonio González Anaya aclaró que el órgano electoral cuenta con las facultades de solicitar información para ejercer sus facultades de fiscalización.

“Me gustaría aclarar que la secretaría no tiene nada qué ver con la multa. El INE nos hizo una serie de solicitudes de información de muchísimas cosas, entre las cuales se encontraba esto, yo no puedo hablar de esa investigación porque yo no la conozco, la Secretaría de Hacienda no hace investigaciones electorales”, dijo.

Además, la dependencia emitió un comunicado en el que indicó que sólo cumplió con la legalidad al responder al INE.

“La SCHP no realiza investigaciones que tengan que ver con los procesos electorales. Lo que ha hecho, en tiempo y forma, es dar respuesta a requerimientos presentados por el INE, en estricto apego a la legalidad correspondiente”, señala.

También negó categóricamente haber emitido información indebida: “De acuerdo con nuestra obligación legal, dimos respuestas puntuales a muy diversas solicitudes presentadas por el INE en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras de partidos políticos y candidatos”.

Y remarcó que en el reciente proceso electoral, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como el Servicio de Administración Tributaria, atendieron los requerimientos de la autoridad electoral, como lo prevén los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 69 del Código Fiscal de la Federación.

De igual manera indica que acuerdo con el artículo 41 constitucional y los artículos 190, 192 y 200 de La ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE cuenta con atribuciones para solicitar información de los sujetos obligados, para ejercer sus facultades de fiscalización y corresponde a la autoridad electoral determinar lo que proceda.