PGR debe revelar acuerdo sobre sistema de espionaje

La Procuraduría General de la República deberá entregar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) la versión pública del contrato del software Pegasus.

En la sesión que se llevó a cabo ayer, el pleno del Inai aprobó por unanimidad el proyecto de resolución de la comisionada Areli Cano, quien propuso modificar la respuesta inicial a la PGR, en la que la institución omitió algunos rubros.

El Dato: El programa fue diseñado por una compañía israelí para recabar información de teléfonos móviles para vigilar a organizaciones criminales.

La comisionada señaló que deberán entregar el contrato para la adquisición del Sistema Pegasus y su anexo, en el que podrá proteger las especificaciones técnicas del equipo, los procedimientos relacionados con su operatividad y los datos de las personas que participaron y tienen conocimiento concreto del software.

La Procuraduría deberá explicar por qué no cuenta con los registros de aquellos casos en los que se aprehendió a un delincuente y se rescató a una persona privada de su libertad.

También deberá emitir una resolución en la que, “de manera fundada y motivada, confirme la clasificación de la fecha y hora de la intervención, el oficio de autorización, el número de carpeta de investigación, el nombre de los jueces que dieron la autorización, las solicitudes de las empresas de telefonía para intervenir comunicaciones y la inexistencia del contrato de equipo, que actualmente utiliza para ejecutar las intervenciones de comunicaciones privadas”, detalló.

La consejera Areli Cano remarcó que en un contexto democrático, es fundamental que el Estado realice las labores de inteligencia a partir de criterios claros, para la adquisición de la información, y que ésta deberá ser legítima y eficaz y que abone a la política pública en materia de seguridad, “en el cual la discrecionalidad quede descartada”.

Expresó que el papel de la transparencia es fundamental, “ya que pueden brindarse los espacios de convergencia, para que la sociedad pueda verificar que el actuar de las instituciones se realiza con apego a la legalidad y en armonía con los derechos fundamentales”.