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Senado de la República. Foto: Cuartoscuro
Senado de la República. Foto: Cuartoscuro

Un día después de que Morena presentara su proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General, en el Senado, los grupos parlamentarios del PRD y del PAN presentaron sus respectivas propuestas.

El representante del sol azteca en la Mesa Directiva, Juan Zepeda, expuso  que la iniciativa propone como uno de los puntos torales que la Fiscalía cuente con un Consejo de Gobierno a cargo del Fiscal General, que a su vez estará integrado por fiscales especializados, así como un defensor de derechos humanos y un representante del consejo ciudadano y un visitador general.

Indicó que la propuesta contempla la reforma constitucional al artículo 102 en su fracción cuarta para que no sea el Presidente de la República el que tenga la facultad de proponer al Senado la terna, pero también que no sea su facultad remover al Fiscal General.

Añadió que la iniciativa del PRD establece que si el Fiscal General incurre en algún delito penal o administrativo, el Consejo de Gobierno le propondría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y éste órgano nombraría un Fiscal independiente, quien lleve el curso de la investigación hasta llegar a su término.

  • El Dato: Morena y el PAN coinciden en que el periodo de gestión del Fiscal General sea de 10 años.

Por su parte, la senadora Guadalupe Murguía, a nombre del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para modificar la Constitución y agregar disposiciones para designar al Fiscal General, donde se destaca que su nombramiento y remoción sería facultad del Senado.

Se reformarían los artículos 76, fracción XIII; 89, fracción IX; 102, apartado A; y 116, fracción IX, y establecería que el candidato no deberá haber desempeñado cargo de dirección o representación de un partido político en los seis años anteriores a su designación.

El proyecto plantea que el Fiscal General ocuparía el cargo seis años improrrogables, y los fiscales especiales cinco años. La designación y remoción del Fiscal General sería facultad del Senado, previa solicitud del Ejecutivo, y por votación de las dos terceras partes de los miembros presentes.

También los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y de derechos humanos se sujetarían a las mismas disposiciones.

“Se propone que, en un ejercicio de equilibrio de Poderes, el 33 por ciento de los senadores pueda solicitar su remoción”, explicó la senadora Murguía.

Gráfico: La Razón de México