Profepa asegura crías de cocodrilo en Yucatán

Foto: Cortesía Propefa

Por no contar con documentación que acredite su legal procedencia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en coordinación con una empresa de mensajería, aseguró 10 crías de Cocodrilo Moreleti (Crocodylus moreletii), que fueron enviados por paquetería de la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, con destino a Mérida.

La Delegación Federal del organismo en Yucatán informó que el paquete fue detectado en el Centro Operativo de una empresa de mensajería y paquetería en Mérida, Yucatán, la cual notificó del hallazgo.

En un comunicado, informó que los ejemplares, listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría “Sujeta a Protección Especial” (Pr), fueron detectados dentro de una caja de cartón, sellada con cinta, que había sido documentada como “artículos deportivos”.

En una revisión física, inspectores de la PROFEPA identificaron que las crías de cocodrilo presentaban deshidratación y poco vigor físico, por lo que inmediatamente fueron trasladados al Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIVMS) “Parque Zoológico El Centenario”, para su resguardo y protección temporal.

Recordó que el tráfico ilegal de especies de vida silvestre causa una alta tasa de mortalidad, pues sólo el 10 por ciento de las ejemplares que se trafican sobreviven al estrés, la falta de comida y al hacinamiento, a los que se someten cuando son transportados.

Anotó que el Artículo 122 la Ley General de Vida Silvestre establece que poseer ejemplares de vida silvestre fuera de su hábitat natural sin contar con los medios para demostrar su legal procedencia o en contravención a las disposiciones para su manejo establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se aplicará una multa de 50 a 50 mil veces el salario mínimo vigente.

El Código Penal Federal, en el artículo 420 fracción V, señala que quien dañe algún ejemplar de las especies de flora y fauna silvestre que sea considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción o sujeta bajo protección especial, se le impondrá una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a tres mil días multa.