Regatean pago de seguro a alcaldesa baleada

Especial

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A un año y tres meses del homicidio de José Sánchez Chávez, esposo de María de los Santos Gorrostieta, alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán, la empresa de seguros “General de Seguros” no ha cubierto el monto de una póliza por 2 millones de pesos.

Se trata de un seguro de vida que Sánchez Chávez contrató y el cual cubría la muerte accidental o provocada, dijo Elías Pérez Negrón, secretario particular y apoderado legal de la alcaldesa.

“Hay ya una demanda en su contra para que paguen; pidieron muchos documentos, los cuales ya se les entregaron pero le han dado largas al asunto y no han querido pagar”, dijo.

Explicó que tras la muerte de Sánchez Chávez, el 15 de octubre de 2009, la presidenta municipal de Tiquicheo, Michoacán, recurrió ante la empresa de seguros a reclamar la indemnización.

Le dijeron que para poder hacer efectivo el pago del seguro tenía que presentar una serie de documentos oficiales que certificaran legalmente la muerte de Sánchez Chávez.

“Pidieron el certificado de defunción, lo cual se les entregó, luego pidieron hasta la copia certificada de la averiguación previa, y aunque también se les dio no hay respuesta, por eso ya se interpuso una denuncia penal en su contra”, dijo Pérez Negrón.

Sánchez Chávez fue asesinado el 15 de octubre de 2009 cuando hombres fuertemente armados con granadas de fragmentación y fusiles de asalto emboscaron la camioneta en la que viajaba.

María de los Santos Gorrostieta iba con su esposo y resultó gravemente herida por los impactos de bala.

En enero de 2009, José Sánchez Chávez sufrió otro atentado cuando transitaba por la comunidad rural de El Recodo, también en el municipio de Tiquicheo, donde resultó herido de bala y fue trasladado al hospital Star Médica, en Morelia.

A un año, investigación sin avances

El 26 de enero de 2010, desde una cama del hospital Star Médica a donde fue llevada tras un segundo atentado, María de los Santos Gorrostieta, alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán, encaró al procurador del estado, Jesús Montejano, y le exigió que su caso no quedara impune. A un año de aquella exigencia, el procurador reconoció que no hay avances en la investigación. “Nosotros no tenemos ninguna otra cosa nueva en la averiguación, aunque no se ha dejado de trabajar”, dijo a La Razón. Explicó que una de las hipótesis es que los responsables pueden ser integrantes del crimen organizado.