Revela ASF irregularidades por 51 mil mdp en último año de EPN

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados, la revisión de la Cuenta Pública 2018, correspondiente al último año de Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en el que, dijo, quedó pendiente de aclarar un monto por 50 mil 944 millones de pesos.

Así lo informó el titular de la ASF, David Colmenares, quien señaló que, derivado de los trabajos de conciliación, se logró recuperar mil 647 millones de pesos correspondientes a ese periodo.

Detalló que el organismo realizó 819 auditorías a entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México, además de 478 al Poder Ejecutivo federal, cuatro al Poder Judicial, nueve al Poder Legislativo y 11 a organismos autónomos.

Tan sólo en el Gasto Federalizado, que es lo que se entrega a estados y municipios, el monto observado asciende a 144 mil 430 millones de pesos.

En total fueron 549 instituciones o gobiernos auditados, con excepción del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), que se negó a ser sometido a escrutinio, por lo que el caso deberá ser resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El auditor destacó la labor de la Fiscalía General de la República (FGR), que permitió recuperar dos mil pesos por un contrato entre la empresa Telra y el Infonavit, que fueron entregados al Presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales corresponden a este periodo que no se ha podido auditar.

Colmenares Páramo dijo a los diputados que la Auditoria participa en diversos juicios para evitar afectaciones a la Hacienda Pública, y puso como ejemplo la llamada Estafa Maestra “sobre las irregularidades presuntamente cometidas por exservidores públicos de las entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)”.

En este sentido las auditorías practicadas a la Sedatu cuando Rosario Robles estaba al frente reportan varias inconsistencias; por ejemplo, se compraron 122 vehículos a la empresa Casanova Valle, con un valor de 18.2 millones de pesos y pagos indebidos por 13.2 millones de pesos, los cuales se facturaron, pero no se entregaron a la dependencia.

Se contrató el servicio de Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem), por un monto de 64 millones de pesos, pero no hay evidencia de que se haya prestado el servicio.

Asimismo, para realizar la limpieza se contrató a la compañía Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, pero la ASF no encontró comprobantes del total de días o lugares donde se prestó el servicio ni las empresas que  compitieron por ese contrato.

En el Gasto Federalizado Programable, es decir, los recursos que se entregan a Estados y Municipios, de los 52 mil millones de pesos que recibieron, el 97 por ciento no ha sido debidamente comprobado.

Otro tema es el de las Universidades de Chihuahua, Hidalgo y Oaxaca, las cuales no cumplieron con la entrega del comprobante de recursos en el Fondo de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales para el pago de nómina.

Las entidades fiscalizadas cuentan con 30 días para responder a las observaciones formuladas; posteriormente se realiza un proceso de conciliación por parte de la Auditoria y cuatro meses después concluye definitivamente el proceso. Si se considera subsanada, se archiva; en caso contrario, podría dar lugar a sanciones administrativas e incluso penales.

Destacó que en cuanto se detectan indicios de corrupción el organismo vacila en denunciarlos, coordinándose con la FGR.

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