A diferencia de Robles, Lozoya sí está cooperando, dice Gertz Manero

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, permanece en prisión porque no ha cooperado como Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos, quien hizo una oferta para denunciar delitos que afectaron al Estado mexicano, dijo este miércoles el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. 

Durante un seminario sobre violencia y paz que organizó el Colegio de México, Gertz Manero fue cuestionado sobre el motivo por el cual la FGR no solicitó prisión preventiva contra Emilio Lozoya, mientras que Rosario Robles sigue en la cárcel. 

“Es muy sencillo. Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos (contra el expresidente Enrique Peña Nieto y excolaboradores del gabinete) de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentado, él está pidiendo eso. 

“En el otro caso (de Rosario Robles) no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país", agregó.

De acuerdo con Gertz Manaero, "la jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa estafa maestra, que no solamente dañó con miles de millones de pesos, sino con un conducta reiterada en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales, las instituciones de educación superior que hayan sido usadas para un fin para eso y que tengamos 27 casos con decenas de personas procesadas y gente que ha huido y ha tenido sentencias o toda clase de procedimientos probados”.

En respuesta, Epigmenio Mendieta, abogado de la exfuncionaria, denunció en un comunicado que la FGR aplica una “nueva modalidad de presión”, que se sustenta en dar trato preferencial a quienes “delaten”.

“El fiscal general da a entender que Robles Berlanga está en prisión por ‘no ser solidaria con el Estado’, dejando en entredicho que nuestra defendida está privada de su libertad por no ‘delatar’ a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada qué revelar. Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía.

“Es falso que nuestra defendida esté acusada de una afectación al erario federal. Contrario a lo dicho por el fiscal, enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción. Es decir, ejercicio ilícito del servicio público, considerado no grave”, señaló.

fgr