Segob condena desapariciones forzadas

Segob - Foto: especial

México.- El Estado mexicano trabaja de manera intensa contra los delitos de desaparición forzada, conforme a las recomendaciones que ha recibido de grupos internacionales y nacionales, y condena la comisión de esos ilícitos.

En un comunicado la Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un amplio recuento de las acciones tomadas para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Nacionales Unidas y de grupos nacionales en la materia.

Como ejemplo, la dependencia citó los esfuerzos en materia de capacitación de cuerpos de seguridad en los tres órdenes de gobierno y la publicación, el pasado 17 de abril, de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Dicho registro permite la coordinación entre la federación y los estados para ubicar a personas extraviadas, desaparecidas o detenidas, y ayudar a su localización, además de que el Estado mexicano trabaja en la base de datos de personas no localizadas.

Recordó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó impulsar el Convenio de Colaboración para la Unificación, Integración e Intercambio de Información en Materia de Personas no Localizadas.

Esto en respuesta a los compromisos del Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, y en respuesta al planteamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para elaborar protocolos en la materia.

El propio Consejo Nacional de Seguridad acordó que las procuradurías de los estados implanten el nuevo protocolo de la PGR de identificación genética, antropométrica y dactilar.

El comunicado detalla con precisión el contenido del protocolo para la detención y puesta a disposición de personas ante las autoridades, publicado el 23 de abril pasado, que establece reglas claras y otorga transparencia a las acciones de las autoridades.

Dicho protocolo garantiza el adecuado respeto a los derechos de los detenidos y facilita su localización en todo momento.

“El Estado mexicano continúa estableciendo un marco jurídico suficiente que permita evitar este tipo de delitos”, expresó la dependencia federal.