Martes 29.09.2020 - 05:11

Segob y PGR condenan ola de violencia y hallazgos en Cadereyta, NL

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A través de un comunicado se informó que el Gobierno federal condena los hechos delictivos en Nuevo León... Además de responsabilizar de la ola de violencia a los cárteles en la lucha por extender sus dominios.

Por otra parte ubica por nombre y alías a los principales narcotraficantes, por los que se ofrecen recompensas.

Ante los hechos registrados hoy sobre la carretera libre a Reynosa, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, el Gobierno Federal condena con toda energía los hechos ahí acaecidos y señala:

La causa primordial de la violencia en México es la disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas y mercados delictivos.

En fechas recientes, existen indicios de que las organizaciones delictivas comandadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada, así como por Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca” y Miguel Treviño Morales, “El Z 40”, han desatado, con apoyo de diversos criminales, episodios inhumanos e inadmisibles de violencia irracional en su disputa criminal.

Ante esta violencia indiscriminada que caracteriza la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada, la respuesta gubernamental está fundada en la Estrategia Nacional de Seguridad mediante los Operativos Conjuntos y con el pleno apoyo y corresponsabilidad de las autoridades locales.

Es por ello que resulta necesaria una permanente colaboración entre las corporaciones encargadas de la seguridad pública en los ámbitos municipal y estatal en coordinación con la Federación, con el objetivo de llevar a estos delincuentes ante la justicia y recuperar la tranquilidad de la sociedad mexicana.

Al respecto, la Procuraduría General de la República mantiene su programa de recompensas por 30 millones de pesos para quienes proporcionen información útil y veraz sobre el paradero de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Ismael “El Mayo” Zambada, Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca” y Miguel Treviño Morales, “El Z40”, para ello se han dispuesto diversos mecanismos para dar información sobre estos delincuentes mediante el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx y en el número 01800 831 3196.

Ante el registro de episodios de violencia caracterizados por homicidios cruentos, como el ocurrido en Cadereyta, Nuevo León, el Gobierno Federal actuará con toda firmeza y fuerza para hacer justicia y que no haya impunidad.

Asimismo, y como en otros casos, el Gobierno Federal refrenda a las autoridades del estado de Nuevo León el respaldo subsidiario de la Federación para ir tras los culpables y detenerlos.

El Gobierno Federal seguirá actuando de manera decidida en el combate contra la criminalidad que amenaza la seguridad de los neoleoneses y contribuirá a las investigaciones y acciones para llevar ante la justicia a los responsables de este repudiable hecho.

Diversos casos de violencia criminal han sido perseguidos por autoridades federales y han resultado en la detención de los delincuentes que tanto dañan a nuestras familias.

Por ejemplo, en el caso del hallazgo de fosas en San Fernando, Tamaulipas, más de 80 personas han sido llevadas ante la justicia, entre las que destacan 16 elementos de la policía municipal y Martín Omar Estrada Luna, alias “El Kilo”, presunto jefe de plaza en la localidad, al servicio de la organización criminal de los Zetas.

Otro caso es la detención de José Antonio Acosta Hernández, alias "El Diego", presunto jefe de la organización criminal de Juárez. Acosta Hernández es presunto responsable de diversos hechos de violencia en Chihuahua.

Los crímenes cometidos en el Casino Royale, en Monterrey, han sido también perseguidos con todos los instrumentos que el Gobierno Federal tiene a su alcance. Más de 30 personas de 37 identificadas como presuntamente responsables de los lamentables hechos, se encuentran hoy ante la justicia. Entre ellas destaca Carlos Oliva Castillo, alias “La Rana”, encargado del grupo criminal Los Zetas en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El Gobierno Federal reitera que solo mediante el compromiso firme de los distintos actores políticos, económicos y sociales, del fortalecimiento institucional, la contención criminal y la regeneración del tejido social, será posible alcanzar la seguridad y tranquilidad de nuestras comunidades.