SFP descarta conflicto de interés de AMLO y su hijo por la "Casa Gris”

La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que no se encontraron evidencias que acrediten que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y “particulares” incurrieron en actos u omisiones que representen una falta administrativa con relación a la polémica de la "Casa Gris”.

El pasado 15 de febrero, la senadora panista Xóchitl Gálvez presentó una denuncia ante esta dependencia, en la que acusó al mandatario federal y a Daniel Chávez Morán de haber incurrido, presuntamente, en “conflicto de interés, cohecho y soborno”.

Esto porque luego de que saliera a la luz la investigación sobre la propiedad de alto costo en la que el hijo mayor del Presidente, José Ramón López Beltrán y su esposa vivieron, éste reveló que trabajaba en la empresa KEI Partners.

Dicha empresa es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, quien fue nombrado por el titular del Ejecutivo como asesor del Tren Maya.

La SFP indicó que tras recibir la denuncia, abrió un expediente el 16 de febrero, con el fin de reunir la información para acreditar la veracidad de las acusaciones .

“Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”, indicó la SFP en un comunicado.

Según la resolución, se acreditó que Daniel Chávez, nombrado como supervisor honorario para el Tren Maya, no recibió ni recibe algún sueldo o pago por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de servidores públicos designados en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Asimismo, señaló que no se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e Instituciones del Gobierno federal.

Finalmente, la dependencia indicó que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la administración pública, ni en actos llevado a cabo fuera del país.

LRL